El problema catalán cada vez se parece más a una película cuyo argumento gira en torno a un gran secuestro perpetrado por una banda de delincuentes. En el caso real se secuestra la democracia y con ella el derecho de los españoles a manifestar su opinión sobre la independencia de Cataluña. Frente a esta tropelía se articulan dos estrategias.
De un lado, la de Pedro Sánchez, partidario de negociar con los secuestradores y de premiarlos si desisten en su empeño e iniciar con ellos un rumbo incierto e ignoto de reforma constitucional que dé satisfacción a sus pretensiones.
Es poco de fiar un partido que en Andalucía aboga por un Estado simétrico, en Valencia por un Estado asimétrico, en Baleares por una federación de islas y en Extremadura por un reforzamiento de las autonomías. Divergencias a las que hay que unir lo de plurinacional y nación de naciones «made in Sánchez».
De otro, la de Rajoy, que patrocina acabar con el secuestro sin utilizar la fuerza pero mermando, por agotamiento, la resistencia de los autores del atropello.
Si estas son las alternativas políticas, desde el mundo del Derecho las cosas se ven de otra manera. El Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña -no en un informe, sino en un artículo doctrinal- hace pivotar el problema en torno al conflicto que se plantea entre dos principios básicos, el de democracia y el de legalidad. Algunas de sus tesis son desafortunadas en la medida que alientan el proceso, sobre todo cuando afirma que la vía unilateral podría entenderse ante la inexistencia de un espacio político y jurídico que no permite realizar ni negociar una consulta.
En nuestro sistema constitucional son inescindibles democracia y legalidad al definirse España como «un Estado social y democrático de Derecho». Y esto es así porque la democracia es la que crea la legalidad y la legalidad se legitima porque es fruto de la democracia.
Ahora bien, la democracia ejercida fuera de la legalidad no es democracia. Si una comunidad de propietarios decide democráticamente no pagar el IBI, habrá adoptado un acuerdo ilegal, aunque sea democrático, porque decidir sobre esta cuestión no entra dentro de su ámbito competencial. Podrá tomar decisiones sobre el ascensor y sobre la aseguradora que cubra sus contingencias, pero no sobre el IBI. Y esto es lo que ocurre en Cataluña.
La contraposición entre el principio democrático y el principio de legalidad solo podría tener justificación en un contexto político en el que esa legalidad no hubiera sido establecida democráticamente, en una situación colonial o en una violación extrema de los derechos humanos. Pero pretender a partir de eslóganes como el de «España nos roba», patentizar un déficit democrático del Estado español para justificar, a partir de él, una insurrección, una violación del principio de legalidad, debiera estar condenado al fracaso.
Frente a los separatismos solo cabe oponer el imperio de la ley. Como dijo el representante canadiense ante la Unión Europea: les das 10 y quieren 20, les das 20 y quieren 100…
Un país que no sea capaz de evitar la ruptura constitucional envía un pésimo mensaje al mundo y a sus ciudadanos.
La unidad de España debe resolverse con la Constitución en la mano y el único modo de poner término definitivamente a esta situación es convocar un referéndum a nivel nacional para que todos los españoles podamos pronunciarnos sobre la independencia de Cataluña.
