Sin duda, están de moda. No hay parlamento autonómico que se precie que a lo largo de la Legislatura no cree media docena de comisiones de investigación. El Congreso no le va a la zaga: han llegado a funcionar simultáneamente hasta cuatro.
Sin control judicial no hay Estado de derecho, pero sin control político no hay Estado democrático. El control parlamentario tiene variadas vías de articulación: comparecencias, interpelaciones, proposiciones no de ley, preguntas, solicitudes de información. Junto a ellas, la más rotunda es la creación de comisiones de investigación.
Formalmente están reguladas para el Congreso y el Senado en el artículo 76 de la Constitución y están pensadas para asuntos de interés publico, aunque sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales, si bien el resultado de la investigación puede ser comunicado al Ministerio Fiscal. A nivel autonómico, son los estatutos los que las contemplan y los reglamentos parlamentarios los que las regulan.
Las creadas por el Congreso y el Senado tienen, en principio, facultades omnímodas en el sentido de que pueden solicitar la comparecencia obligada de cualquier persona, autoridad o cargo público. En cuanto a solicitudes de información no existe más límite que el referido a la documentación existente en órganos judiciales.
Sobre las creadas por los parlamentos autonómicos pesan más limitaciones impuestas a partir de la Comisión creada en el Parlamento de Galicia para investigar la catástrofe del petrolero Prestige. Para evitar los desvaríos a que habían llegado algunos Diputados gallegos, se excluyó de la obligación de comparecer a las autoridades, funcionarios y agentes de la Administración del Estado, y en cuanto a la información, la que obre en poder de dicha Administración relativa a competencias que le son propias.
Son instrumentos extraordinarios de control del Gobierno, pero su utilización «sin control», convirtiendo lo extraordinario en ordinario, las ha degradado. Se han convertido en un circo mediático por el que desfilan personajes que poco o nada tienen que aportar y que no saben si les tocará hacer de payasos o de comida para los leones.
En España se pueden crear sobre asuntos que estén siendo investigados judicialmente, aunque ello signifique que los llamados a comparecer excusen contestar a las preguntas de los diputados.
Sirva como ejemplo de esta dualidad la Comisión de Investigación creada en el Congreso para analizar la financiación del PP. Las comparecencias de Naseiro y Sanchís, se convirtieron en un espectáculo de ópera bufa merced a la intervención zafia de Rufián (menos mal que se llama Gabriel) y la poco preparada, inconsistente e incompetente de Cantó que dieron el tono de la solvencia de nuestros diputados.
La verdad de la investigación es una verdad política construida con los retales de cada Grupo Parlamentario.
Otto Von Bismarck, el Canciller de Hierro fundador del Estado alemán moderno ya había proclamado que «La gente nunca miente tanto como antes de una elección, durante una guerra o después de una cacería». Seguramente hoy hubiera añadido «o durante la comparecencia ante una Comisión de investigación», a pesar de que como recomienda Max Frisch «La verdad es el mejor camuflaje. ¡Nadie la entiende!».