El número 155, como todos los números, encierra varias realidades. Fue el año en el que falleció Pío I, Papa cristiano; fue el número del famoso preso argentino Simón Radowitzky; cuantifica el número de aficionados del Oviedo a los que la Policía negó la entrada al estadio gaditano; es una línea de autobús de Barcelona… En fin, es un número. En el contexto de la Constitución, es el número que sirve para señalar el artículo más explosivo de nuestra Carta Magna, el que marca la diferencia entre la normalidad democrática y los supuestos en los que se han agotado todos los medios de control, de persuasión, de llamada al orden.

            Dice textualmente: «1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidaddes Autónomas».

            En su redacción originaria, este artículo era una copia casi exacta del 37 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, que recoge la figura de la llamada «coerción federal», aunque en su tramitación parlamentaria se le añadió la exigencia del requerimiento previo al presidente de la autonomía imcumplidora y la necesidad de la mayoría absoluta del Senado.

            El precepto contiene los mecanismos necesarios para que el Estado, como ente que detenta la personalidad jurídica superior y originaria, fiscalice la actividad desarrollada por el resto de los entes territoriales. No se trata de controlar la autonomía, sino de mantenerla en su ámbito propio. Es, por tanto, un instrumento extraordinario previsto para situaciones excepcionales. Si el Estado quiere subsistir como tal, debe tener a su disposición los mecanismos necesarios para mantener el ordenamiento general del Estado.

            ¿Qué medidas pueden llegar a adoptarse?

Los intérpretes de la Constitución han tejido una auténtica telaraña en torno a este artículo, llegando en ocasiones a soluciones que ponen en duda su viabilidad. Cosas de sabios. Desde mi punto de vista, pueden ponerse en práctica un sinfín de medidas, desde la suspensión de la autonomía, pasando por la ejecución subsidiaria, medidas de bloqueo económico, hasta el uso de la fuerza a través de las Fuerzas Armadas -no se olvide que al Ejército le corresponde, según la Constitución, «defender el orden constitucional»- o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

            No es este el único instrumento en manos del Estado para reaccionar contra situaciones de excepcionalidad. La Ley de Seguridad Nacional de 2015, en lo que denomina «Gestión de la crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional», prevé que se declare la «situación de interés para la Seguridad Nacional», que supone la obligación para las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia para la aplicación de los mecanismos de actuación, lo que en la práctica supondría, en el caso que todos tenemos en mente, que los Mossos de Escuadra pasarían a depender del Gobierno central.

            Consecuentemente, debemos estar tranquilos ante el desafío secesionista. El Estado dispone de multitud de mecanismos para hacer entrar en razón a esta caterva de descerebrados que ponen en jaque nuestra convivencia pacífica.

            No obstante, estoy seguro de que no llegaremos a ninguna situación límite. Hablan de identidad, pero en el fondo quieren discutir de dinero, y su planteamiento no pasa de ¿cuánto de rentable es jugar con el término nación? Pues dámelo. Ya lo dijo Esquilo: «Las grandes palabras encierran grandes problemas». Los catalanes viven mejor en el independentismo que en la independencia.

No hay poder sin responsabilidad, y puede aquí aplicarse el ejemplo kantiano de la paloma que siente el aire como una resistencia a su vuelo pero que, sin embargo, caería al suelo si el aire desapareciera en un solo instante.