Dos de los grandes problemas, entre otros, del referéndum independentista catalán y que resultan insufribles son: la duración del mismo y la manifiesta inoperancia del Gobierno para zanjarlo, cuya celebración impide nuestra vigente Constitución. En esta última ocasión y a pesar de revestir el acto con la presencia de Puigdemont, acompañado del vicepresidente Junqueras, resto del Gobierno y parlamentarios afines a la corriente separatista, para otorgarle mas relieve al acto de comunicación de la fecha de celebración y texto de la pregunta, que una vez más se quedó en una mera declaración de intenciones, y con nula trascendencia jurídica, muy de acuerdo con el patético empeño de Rajoy (de inspiración arriolana), firme defensor de que lo procedente es no hacer nada porque “el tiempo lo soluciona todo.." ¡¡Hay que joderse!!, y sin dar un paso más hasta que no haya una convocatoria oficial y por escrito, obviando que al anuncio del citado referéndum fuese noticia de portada el pasado día 10 en todos los periódicos del país.
Para el resto de los españoles, con la excepción de los catalanes separatistas, el que Cataluña se declare república popular, federal o bananera, les importa un carajo por no decir absolutamente nada. Lo suyo sería que el Gobierno del PP, en lugar de pronunciarse con evasivas y a golpe de declaraciones descafeinadas, el haber ordenado un documentado informe, redactado por los más cualificados catedráticos del país y de distintas tendencias, siendo difundido a través de TVE (la que pagamos todos), con pedagogía perfectamente entendible e interpretable por todos los ciudadanos, sobre lo que ocurriría y que consecuencias supondría la declaración de independencia de Cataluña a todos los efectos, pero sin la más mínima demagogia y con datos totalmente auténticos, a todos los efectos y ámbitos socio-económicos, viabilidad y las posibles ventajas e inconvenientes en caso de materializarse la ruptura.
Lógicamente se producirían discrepancias y enfrentamientos, pero por lo menos se trabajaría sobre una base real de datos y no con argumentación manipulada de tipo histórico, jurídico, política y económico, analizándose si efectivamente las consecuencias de la ruptura resultan asumibles para España o nos encontramos ante una utopía con oscuras pretensiones. ¿Qué persiguen realmente los defensores del secesionismo? ¿Se está contando realmente la verdad a los catalanes sobre la situación actual? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con gran parte del tejido industrial, bancos, etc. en poder de grupos económicos no catalanes? ¿Se mantendrían los puestos de trabajo? ¿Dispondría la Generalidad de fondos suficientes para hacerse cargo de sus pensionistas y funcionarios? ¿Sería admitida Cataluña como país independiente por parte de la CE? Y así sucesivamente. Por el momento, lo único que tenemos claro es que la resolución de este gran problema se está dilatando en exceso, y por parte de Mariano Rajoy y su Gobierno, da toda la impresión de que el principal objetivo pasa por mantenerse en el poder hasta el fina de la legislatura……¡¡Tiempo al tiempo!!
