La monarquía absoluta se caracterizaba porque era el rey el que aglutinaba todos los poderes y los administraba a su antojo sin rendir cuentas ante nadie. La división de poderes acuñada en la obra de Montesquieu puso fin a ese modo autoritario de gobernar, distribuyendo las funciones del Estado entre los tres poderes clásicos –legislativo, ejecutivo y judicial-, lo que, junto a la consagración de los derechos fundamentales, constituye los cimientos del Estado de derecho.
De nada sirve este planteamiento si en su desarrollo acaba siendo otra trilogía –UCO, UDEF y jueces- la que hereda las funciones del monarca absoluto y ejerce los cometidos que les corresponden sin rendir cuentas ante nadie. Y esto es así, guste o no guste. La UCO y la UDEF lanzan sus informes -que más que informes son auténticas sentencias condenatorias- y juegan con la honorabilidad de las personas sin recato y sin asumir responsabilidad alguna por los juicios de valor y especulaciones sin base que preñan muchas de sus actuaciones.
El ejemplo paradigmático de las afirmaciones que anteceden lo constituye el atestado 64/2017, emitido por la UCO, por un supuesto delito de blanqueo de capitales cometido por Rodrigo Rato. La lectura del auto del juez Antonio Serrano-Arnal pone los pelos de punta.
Dice el juez que el atestado es «una mera hipótesis sin sustento fáctico»; «Basta la mera lectura del tipo para constatar la absoluta falta de indicios en cuanto a comisión de delito de malversación alguno»; «Suponer que dicha facturación, que data de hace 13 años y sobre la que no ha existido sospecha alguna hasta la actualidad, per se supone la existencia de un delito de malversación no va más allá de la mera suposición, pero carece de sustento fáctico alguno…»; «En conclusión, pretender que, sin base a la documentación aportada, con el condicional empleado en los innumerables párrafos ‘podría señalarse’, ‘habría que plantearse’, ‘habría que cuestionarse’, ‘parecería razonable’, ‘habría que determinarse que’ (…) va más allá de la interpretación y garantías que rigen el derecho penal»; «Se trata por tanto, de sospechas, suposiciones (…)». Demoledor.
Jordi Pujol, cuando le comentaron que le estaba investigando la UDEF, se preguntó: «¿Qué coño es la UDEF?». Buena pregunta, a la que hay que añadir: ¿qué coño es la UCO?
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue creada en el año 2005 para dar respuesta a los nuevos casos de corrupción económica y política en el contexto del llamado «caso Malaya» del ayuntamiento de Marbella. No se le conocen grandes fiascos. La Unidad Central Operativa (UCO) es el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, encargado de la investigación y persecución de las más graves formas de delincuencia organizada. Sus resbalones catedralicios dan mucho que pensar: al menos, que no hay ningún control de calidad interno. Desconozco la especialización que se exige a sus miembros, pero del tenor de sus informes tal parece que sean catedráticos, expertos financieros, expertos penalistas y expertos en actividades empresariales. No se explica de otra manera la contundencia de sus acusaciones.
Qué decir de algunos jueces, pocos, pero algunos. Aquí en Asturias sabemos algo de eso. En el resto de España, también. El auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el que se acuerda la comparecencia personal de Rajoy como testigo, aparte de su pobreza argumental, de su defectuosa redacción y de su mala sintaxis, encierra una falta de respeto institucional y un uso arbitrario del poder. Son innumerables los precedentes de comparecencia por videoconferencia, pero en el caso de Rajoy se pretende hacer un juicio político. Se dice que comparece como ciudadano por hechos ocurridos cuando no era Presidente. Pobre argumentación. El Presidente del Gobierno lo es las veinticuatro horas del día. Los jueces pasan de lo discrecional a lo arbitrario a su antojo y sin responsabilidad alguna.
En nuestra sociedad, pretendidamente democrática, no debería existir ningún caballo sin rienda.
