Uno de los debates más vivos y, se me permite, más absurdos de los últimos años es el debate educativo sobre el papel de la iniciativa privada en la prestación de este servicio básico y el grado de apoyo con que debe contar por parte de los poderes públicos.
Creo que está fuera de discusión que la educación es un derecho universal que garantiza, como ningún otro, la igualdad de oportunidades, que a su vez uno de los pilares en que se asienta una democracia avanzada: que nadie deba quedar anclado por vida por razón de nacimiento en un determinado estatus socioeconómico, no por falta de oportunidades.
Pero la educación es una inversión, un gasto necesario del que se espera que los ciudadanos y la sociedad extraigamos una rentabilidad(no sólo económica), cuanto más elevada, mejor. Y hoy por hoy es evidente, por razones fundamentalmente presupuestarias, que la Administración pública no puede brindar toda la oferta que la sociedad reclama y necesita. A ello hay que añadir el derecho a la libertad de elección del tipo de emseñanza que los padres desean para sus hijos. En este contexto, sólo la iniciativa privada puede suplir la insuficiencia de recursos públicos y garantizar esa libertad de enseñanza. Y puesto que la iniciativa privada es legítima y soluciona esa demanda social, nada contraindica que se incentive y apoye desde los poderes públicos, sin que por ello éstos abandonen su responsabilidad en la materia. El concierto educativo cumple ese papel de apoyo e incentivo, ahorra recursos al Estado(hay que resaltar que el coste del alumno en la escuela concertada es el 50% más económico que en la pública) y contribuye a hacer efectiva la libertad de elección. Sólo desde una óptica sectaria puede discutirse.
No hay duda que uno de los factores determinantes en la elección del colegio, y más en esas edades tempranas, es la cercanía del centro o lugar de trabajo de los padres. Un criterio de elección que claramente favorece a los colegios públicos, puesto que hay más y por ello mismo es más probable que satisfagan ese criterio de proximidad. Pero es evidente que ese no es el factormás importante. Los colegios concertados parecen, pues, suscitar una mayor confianza, merecida o inmerecida, que no debería suponer un descrédito para la enseñanza pública, pero que tampoco puede ignorarse, pues tiene que ser la elección de los padres y debe respetarse.
Desde VOX denunciamos al Principado y concretamente a su consejero de Educación, Genaro Alonso, por declarar que para el próximo curso pretende cerrar treinta y dos aulas en la concertada para obligar a los padres a tener que llevar a sus hijos a la pública, estimando que es un autentado contra la libertad educativa.
En contra de lo que el consejero pretende, desde VOX resaltamos que si duplicamos el número de plaza en colegios concertados de España, podríamos suprimir de golpe el Impuesto sobre Sucesiones. Por cada niño que acude a un colegio concertado, los Asturianos nos ahorramos 3.240 euros. Desde VOX siendo conscientes de las dificultades presupuestarias por las que está atravessando el Principado y el preocupante incremento de la deuda autonómica considera importante aplicar políticas tendentes a minorar el gasto sin por ello reducir la calidad de los servicios financiados públicamente.
Desde VOX lo único que perseguimos es tan sencillo como que las familias tengan la última palabra sobre la orientación moral, y los valores que enseñamos a nuestros hijos, sin que venga ningún Comisario Político que nos diga como educar a nuestros descendientes, pues consideramos que la calidad educativa tiene que tener coherencia, integridad, eficiencia y libertad, y no como quieren los pedagogos-políticos progres que son los que llevan destrozando el sistema de enseñanza al menos 25 años.
*Presidente de VOX Asturias
