El presupuesto, desde el punto de vista político, es la expresión cifrada del programa del partido que ostenta el poder. Desde el punto de vista jurídico, es el instrumento legal a tavés del cual el Poder Legislativo establece los niveles máximos de gastos que el Poder Ejecutivo puede realizar, la previsión de ingresos para afrontarlos, así como el endeudamiento y las aplicaciones financieras que puede asumir.

Precisamente porque es la traducción a números del programa político, el rechazo de la ley de presupuestos se convierte en una cuestión de Estado, en el baremo para medir la fortaleza de un Gobierno.

De ahí que, una vez presentado el proyecto, todos los esfuerzos de un Ejecutivo en minoría vayan dirigidos a conseguir los apoyos necesarios para lograr su aprobación.

Es quizá el momento de aclarar —me lo han pedido varios lectores de El Comercio— por qué para rechazar las enmiendas de totalidad bastan 175 votos y para aprobar la ley de presupuestos se requieren 176.

El Congreso de los Diputados se compone de 350 Diputados; esto así, con 175 votos a favor de las enmiendas de totalidad y los mismos votos en contra, se produce un empate. ¿Cómo se dirime?

El Reglamento del Congreso y, por emulación, los Reglamentos de las Cámaras autonómicas contienen reglas para desempatar. No operan las mismas pautas en Pleno que en Comisiones. Centrándonos en el Pleno —que es el que nos interesa—, si se produce empate en una votación, se repite esta a continuación y, si persiste el empate, se suspende la sesión por el tiempo prudencial que estime la Presidencia. Esta suspensión trata de favorecer los encuentos entre los Diputados con la vana intención de que cambien su voto, cuestión utópica teniendo en cuenta la situación política actual, que fija su posición en la primera votación y la mantiene invariable en las sucesivas. Transcurrido el plazo, se realiza una tercera votación y, de persistir el empate, se entiende rechazada la iniciativa de que se trate.

La solución reglamentaria responde a una lógica aplastante. Todas las iniciativas parlamentarias tratan de imponer algo a alguien, normalmente al Gobierno. Pues bien, para imponer ese algo, no puede bastar el empate, hay que ganar la votación. De ahí que para «imponer» la devolución del proyecto de presupuestos mediante la aprobación de una enmienda de totalidad sea preciso contar con el apoyo de 176 Diputados. A la inversa, para que el Gobierno «imponga» su proyecto de ley de presupuestos, necesita igualmente 176 Diputados.

Resuelto este tema, y a la vista del alcance de las negociaciones llevadas a cabo en orden a la aprobación del presupuesto, conviene reflexionar sobre cuál debiera ser el límite a imponer a un Gobierno en minoría para negociar los apoyos presupuestarios. ¿Dispone el Ejecutivo de facultades omnímodas? ¿Puede traer a la negociación cualquier tema?

El terreno de juego abierto a la negociación debiera quedar delimitado por el contenido del proyecto de ley de presupuestos y de las enmiendas parciales presentadas. No parece coherente ni congruente incorporar como moneda de cambio cuestiones ajenas al presupuesto, como en este caso es el cupo vasco. ¿Qué razón puede justificar que un asunto regulado por una ley específica distinta de la ley de presupuestos forme parte de la negociación presupuestaria? ¿El dinero que Euskadi y Navarra pagan al Estado en concepto de competencias no transferidas, como defensa, relaciones internacionales, infraestructuras…, además de una cantidad por solidaridad interautonómica, es decir, cuestiones extrañas y extravagantes al presupuesto, puede utilizarse como materia de negociación para conseguir el apoyo al presupuesto?¿Es lícito que el Gobierno, para comprar el voto de cinco Diputados, beneficie desproporcionadamente a una Comunidad Autónoma, ya rica, condonándole parte de su deuda?

«Pecunia non olet» —el dinero no huele— dijo Vespasiano cuando lo criticaron por cobrar una tasa a los romanos que utilizaban los retretes públicos. Los políticos en España confunden la administración con la propiedad.