El grupo de Unidos Podemos en el Congreso ha presentado una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. La cuestión resulta relevante por el actual panorama político y se explica como parte de la conflictiva estrategia de Pablo Iglesias, que quiere aprovechar la Operación Lezo y otras incidencias.

El movimiento de Unidos Podemos dejo cierto aturdimiento en un primer momento. Posteriormente, las piezas comenzaron a encajar y los distintos partidos políticos empezaron a comprender lo que estaba ocurriendo realmente.

Según el artículo 113.1 de la Constitución Española, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, de modo que, conforme al artículo 114 de la misma norma, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. Ahora, la moción de censura sirve también para exigir la responsabilidad política de la oposición.

La moción de censura impulsada por Pablo Iglesias puede tener, en sus planes, dos finalidades alternativas en relación con el PSOE:

• - Reforzar a Pedro Sánchez, que está muy próximo a Unidos Podemos, de cara a las primarias del PSOE para que pueda vencer a los otros candidatos del proceso electoral interno.
  
• - Debilitar al candidato que pueda derrotar a Pedro Sánchez en el caso de que él mismo pierda, de modo que muchos votantes descontentos con la caída del economista terminen votando a Unidos Podemos por evitar el votar al PSOE.
  

Habrá que ver cómo termina la disputa, pero en el PP están tranquilos por saber que no son los verdaderos destinatario de la moción y que no van a ser los principales perjudicados por la maniobra parlamentaria impulsada de Pablo Iglesias. En el PSOE hay un gran nerviosismo, que puede haber causado las numerosas erratas de la carta que el presidente de la gestora del partido remitió a Unidos Podemos.

En la política actual, no es raro ver a los partidos políticos empleando medios jurídicos que tienen finalidades muy concretas para cumplir objetivos no contemplados en las normas aplicables. Mientras se respete el ordenamiento jurídico, cualquier estrategia política parecerá válida.