Se rasgan las vestiduras porque el Presidente Trump cuestione la decisión de los jueces americanos de suspender su veto migratorio, pero ven con naturalidad, y hasta jalean, que un grupo de políticos ociosos y un montón de jubilados a los que se les pagó el viaje a Barcelona presionen, cerquen y violenten la independencia de un tribunal. Movimientos parafascistas en torno a un caudillo, así los calificó el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Nauseabundo.
Mas, por un lado, y por el otro, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Veamos la posición y el papel de cada una de las partes. Mas, además de ser el peor Presidente de la historia de la Generalitat, está envuelto en la mayor trama continuada de corrupción de la historia de España: la del 3, 5 o 7 por ciento. Da igual, en Cataluña si eres independentista tienes licencia para cometer cualquier hecho delictivo. Lo importante es que te envuelvas en la estelada. Poco le importa el fallo. Cualquiera de los dos delitos que se le imputan, desobediencia y prevaricación, solo llevan aparejada pena de inhabilitación para cargos públicos. ¿Se puede inhabilitar a un cadáver político? Tengamos en cuenta que la CUP lo apartó de la Presidencia por su relación con la trama del 3 por ciento. Más aún, si triunfara el independentismo, la sentencia que se dictara carecería de eficacia.
Aun así, en el transcurso de la vista, Mas se arrugó, sacó a relucir su cobardía y centró su defensa en «yo no sabía», «yo creía que no estaba desobedeciendo», «no era consciente de cometer ningún delito»… Un personaje poco fiable: tenía que ir de héroe y fue de villano.
Menos mal que se desistió de imputarle por malversación de fondos, delito que lleva aparejada pena de cárcel. Lo hubiéramos visto arrastrarse como un reptil.
Del otro lado está la capitidisminuida Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dos de sus integrantes instruyeron la causa y otros dos atendieron los recursos, por lo que no podían intervenir en el juicio oral. Quedaban dos, el Presidente, Jesús Barrientos, y Carlos Ramos. Necesitaban un tercero, pero nadie se presentó voluntario, por lo que tuvieron que «pescar» a un juez que no tuviera juicios esa semana y la china le tocó a Eduardo Rodríguez, que carece de experiencia en el ámbito penal. Los dos primeros son de León; el tercero, de Granollers.
El Presidente del Tribunal se mostró en varias ocasiones partidario de que se reformara la Constitución para resolver el problema de Cataluña. No me gustan ese tipo de afirmaciones. El problema no está en la Constitución, sino en los independentistas empeñados en vulnerarla.
Carlos Ramos es juez por designación autonómica con los votos del PSC, ERC e ICV, la abstención del PP y la oposición de CiU. Hemos criticado sistemáticamente a los jueces que lo son por votación de los políticos, aunque en este caso concreto hay que reconocer que el interesado ya era fiscal. Esperemos que esté libre de ligaduras políticas.
Eduardo Rodríguez se dejará llevar.
Es un tribunal que ya demostró debilidad en el mismo momento de comenzar el juicio. ¿A qué encausado se le permite llegar media hora tarde cuando se sabe que está a las puertas de la sala montando el numerito? Se pudo haber amonestado a los investigados, pero no se hizo. No olvidemos tampoco que los fiscales del tribunal se opusieron a la querella contra Mas porque entendían que no existía delito. Tuvo que intervenir el entonces Fiscal General, Torres Dulce, para que la querella, finalmente, se interpusiera.
Esperemos que los magistrados sean decentes, no se dejen llevar por la comodidad o el miedo, estén a la altura de las circunstancias y dicten una sentencia ejemplarizante. La prueba testifical fue contundente. La independencia no solo es un derecho de los jueces, sino también una garantía de los ciudadanos.