Un país peninsular en el sur de Europa, con sol y vientos abundantes, ve constreñida su producción eléctrica por los intereses de la gran patronal del sector con el apoyo del gobierno del Partido Popular que paralizó el desarrollo de las energías limpias y alternativas.

 

Consecuencia de esa suma de intereses y del equipo de la derecha gubernamental nos encontramos que, en épocas de rigor climático como las que estamos pasando estos días, el precio descontrolado de la electricidad alcanza niveles abusivos. La tarifa eléctrica está fijada por la especulación y no por el coste real de producción.

 

Sería deseable que el Estado, en lugar de colaborar en el atraco masivo con el que las compañías eléctricas someten a los consumidores, fuera capaz de fijar un justiprecio de la energía, con la correspondiente "cláusula techo", independientemente de la especulación, el engaño y el robo con los que la poderosa patronal eléctrica quiere infringir a los ciudadanos.

 

En España hay baratas posibilidades de producción energética que deben ser desarrolladas y apoyadas -en contra de los intereses usureros- en beneficio de toda la comunidad.