Ante la apertura del nuevo año judicial, desde el Secretariado de Jueces para la Democracia queremos denunciar la grave situación en la que se encuentra la administración de justicia y su trasunto necesario, la independencia judicial, con la falta de un proyecto político claro, valiente y definitivo que afronte todos y cada uno sus problemas y deficiencias endémicas, así como la situación de atasco, colapso y precariedad en que se encuentra.
Observamos con preocupación la constante instrumentalización de la Justicia en el debate político más allá de un proyecto para su modernización y mejora. Desde la aprobación de la ya obsoleta Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se han sucedido múltiples reformas y continuos parcheos así como innumerables proyectos de reforma (los conocidos como “Libros Verdes o Blancos”), que, o no han sido tomados en consideración por los sucesivos gobiernos, o no han aportado solución alguna.
Se incluyen en tal ejecutoria hasta dos reformas en la pasada legislatura sostenida por una mayoría absoluta del Partido Popular, una de las cuales, la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio (la “reforma Gallardón”), ha supuesto la ruptura del principio de separación de poderes con la degradación del Consejo General del Poder Judicial al papel de mero apéndice del Ministerio de Justicia, con el desapoderamiento de sus competencias y un funcionamiento presidencialista incompatibles con el art. 122 de la Constitución.
Por estas razones, así como por el sistema de designación de sus miembros y la excesiva politización en muchos y repetidos aspectos del desarrollo de sus funciones, desde Jueces para la Democracia apostamos en su día por rechazar y no validar, con nuestra aportación de candidatos asociativos, ese modelo y pedir su inmediata derogación.
Desde Jueces para la Democracia solicitamos un modelo de Consejo General del Poder Judicial garante de la independencia judicial, cuyos doce vocales jueces sean elegidos directamente por los Jueces y Juezas, en el que estén representadas las distintas sensibilidades de la carrera judicial y con pleno respeto de la igualdad de género. En tanto que así se establece y desarrolla, reclamamos del actual Consejo la defensa de sus competencias frente a injerencias indebidas e intolerables del Ejecutivo en la independencia judicial, concretadas en los intentos de instrumentalizar la Administración de Justicia en su propio interés.
Asimismo, exigimos del CGPJ el respeto a la libertad de expresión de Juezas y Jueces y un cumplimiento escrupuloso de los principios de legalidad, mérito, capacidad e igualdad de género en la política de nombramientos y concursos. La prolongada interinidad de la presidencia de la Sala de la Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vacante desde que su titular es vocal a tiempo completo del Consejo, es una muestra de la falta de respeto por la formación regular de los Tribunales de Justicia amparada desde el Consejo.
El profundo malestar de la sociedad española sobre las continuas noticias sobre casos de corrupción reclama un poder judicial fuerte, único garante de corregir las desviaciones de poder. Ello implica medidas tales como un nuevo modelo de proceso penal, ágil y moderno, apto para combatir los complejos casos de delincuencia organizada o las tramas de corrupción; O la reforma de las leyes sobre urbanismo y contratos de las administraciones públicas así como las privatizaciones para lograr una mayor transparencia en su ejecución; Y dotar a la Inspección de la Agencia Tributaria de mas personal y medios materiales para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Por ello, una vez más, Jueces para la Democracia reivindica un pacto de Estado por la Justicia en línea con lo acordado el pasado mes de diciembre con el resto de asociaciones judiciales, al margen de los vaivenes e intereses políticos, en el que participen todos los grupos políticos con representación parlamentaria, los distintos colectivos profesionales de la Justicia, los sindicatos y la sociedad civil. Un pacto basado en un ambicioso proyecto de modernización y mejora, con soluciones integrales y permanentes a una Justicia lastrada por los problemas estructurales y tan necesitada de reformas legales (la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal) como de recursos económicos. La administración de justicia es un servicio público clave y trascendental en la vida política y jurídica de un país que se autotitula como Social y Democrático de Derecho, por lo que es necesario el establecimiento de un servicio público de calidad y orientado a las necesidades de los ciudadanos bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad.
En tal sentido, observamos con preocupación que estos principios, enunciados en nuestra legislación, son sin embargo desconocidos por las distintas administraciones públicas encargadas de la provisión de medios personales y materiales. A ellas les corresponde implantar definitivamente medidas tales como la “Nueva” Oficina Judicial y Fiscal, introducida en 2003, y la digitalización de los expedientes judiciales, introducida en 2011. Ambas medidas deberán abocar a una modificación profunda de la planta judicial, adecuándola a la litigiosidad real, y a la implantación de los tribunales de instancia, poniendo fin a una organización decimonónica. Sin que por otra parte se hayan creado órganos judiciales en los últimos años ni creado plazas pese a estar a la cola en Europa en la ratio jueces/zas por habitante.
No podemos olvidar la precaria situación laboral de las nuevas promociones de Jueces y Juezas, en permanente incertidumbre sobre cual será el órgano judicial del que se harán definitivamente cargo, peregrinando mientras tanto por diversos Juzgados y Tribunales, y con serias dificultades de conciliación personal y familiar. Y tampoco el impacto negativo que la sobrecarga de trabajo tiene en la salud de los miembros de la Carrera Judicial por la falta de medios de prevención de riesgos laborales.
Celebramos la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre las tasas judiciales, recordando que el pago de un tributo no puede obstaculizar el ejercicio de los derechos por los justiciables y exigiendo del actual gobierno en funciones que explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones del destino que ha dado a estas recaudaciones inconstitucionales. Máxime cuando el entonces ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, se comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita con el dinero procedente de la recaudación de las tasas.
Igualmente, defendemos un turno de oficio de calidad y denunciamos las insuficientes partidas destinadas a la asistencia jurídica gratuita.
Una vez mas, los tiempos que corren han puesto en valor la importancia de la Justicia y acrecentado el protagonismo de los Jueces y Juezas en la defensa de los más débiles, ya sean quienes han sido desahuciados por el impago de su hipoteca, trabajadores en precario, víctimas de las preferentes, menores, discapacitados o inmigrantes. Ello no ha hecho sino incrementar la confianza ciudadana en la Justicia como garante última de sus derechos y libertades frente a los abusos del poder.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que en las negociaciones para la formación del nuevo gobierno hagan suyas estas justas reivindicaciones. En resumen, lograr, lo que en palabras de la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia (28 de mayo de 2001), una iniciativa parlamentaria histórica que alcanzó por primera y única vez la unanimidad de todos los grupos políticos, aunque carente de fuerza de ley, una Justicia transparente, comprensible, atenta y responsable con el ciudadano y la ciudadana.
