No es mal título para designar las seis condiciones impuestas por Ribera a Rajoy. Guardan estrechas similitudes con los diez mandamientos que entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí: encierran un pacto, una alianza, un convenio para apoyar la investidura y contienen principios éticos. Además su incumplimiento no genera responsabilidad alguna. En el caso de los diez mandamientos porque se puede sanar con una buena confesión y en el caso que comentamos porque la mayor parte de las condiciones impuestas ni siquiera entran dentro de la competencia exclusiva de los firmantes, requiriendo el concurso de terceros. Son condiciones sensatas, algunas son auténticos torpedos de espoleta retardada. Analicémoslas brevemente.

            La separación de los cargos imputados por corrupción, aunque supone una afrenta a la presunción de inocencia, encierra un buen mensaje a la sociedad: en política, el lema es la ejemplaridad.

            La eliminación de los aforamientos requiere mayor concreción. ¿Solo para los políticos? ¿Y los aforamientos de determinados miembros de la carrera judicial, del Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y del Defensor del Pueblo y de un sinfín de altos cargos que, según estimaciones realizadas, superan los diez mil? En paralelo, se van a modificar los sistemas de acceso «fácil» a la judicatura? Porque no olvidemos que tras los aforamientos se esconde un cierto temor al juez individual y los jueces que mayores problemas de credibilidad han creado no son jueces «de carrera».

            En lo que atañe a una nueva ley electoral, es un tema muy farragoso que hay que analizar con mucho cuidado no sea que los efectos perversos se acentúen. Bienvenidas, sin embargo, las listas abiertas. Los ciudadanos tendríamos muy claro a quién no votar.

            Los indultos con carácter general son un ataque a la división de poderes y los que tienen como actores a los corruptos políticos, un insulto a la sociedad. En política no hay perdón, solo dimisión y cumplimiento de las penas.

            La limitación de mandatos a ocho años o a dos legislaturas es una buena medida profiláctica. El mantenimiento en el poder facilita el abuso del poder. Además, en este caso concreto, encierra una medida sibilina: el propio afectado firmaría su partida de defunción política. Es un medio muy elegante de deshacerse de Rajoy. Debería de ir acompañada del establecimiento de una edad de jubilación forzosa para toda la clase política. Pensemos en Carmena: el Poder Judicial no la considera facultada para ejercer como jueza al haber superado la edad de jubilación, pero políticamente si está apta para regir los destinos de cuatro millones de personas y manejar dinero público. Toda una paradoja.

            La creación de una comisión de investigación parlamentaria que aborde el estudio de las tramas de corrupción del PP es un brindis al sol, una medida de cara a la galería. Las comisiones de investigación parlamentaria suelen convertirse en circos mediáticos para entretener al personal y para alimentar a los medios de comunicación. La comparecencia es obligada, pero el llamado a declarar tiene derecho a guardar silencio y a esa medida se acogerán los actores principales por la cuenta que les tiene en orden a salvaguardar sus intereses procesales. Las conclusiones de estas comisiones aparte de configurarse de acuerdo con las mayorías imperantes y carecer por ello de objetividad, están ayunas de eficacia ya no jurídica, obviamente, sino también política.

            El PP aceptará todas las condiciones, en algunos casos, con pequeños retoques. Y lo hará porque su hipotético incumplimiento no le sería imputable.

            Rajoy quiere ser Presidente y lo será salvo tsunami imprevisto. Sabe que una vez investido la decisión es irreversible. Cabe, en efecto, una moción de censura, pero al tener que ser constructiva, ¿quién sería el candidato alternativo?.

            Como ya dije en alguna ocasión, cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, seremos más felices.