El golpe de Estado fallido en Turquía ha implicado el comienzo de una serie de acontecimientos que parecen ir dirigidos a la consecución de un régimen en el que no haya oposición ideológica frente a Erdogan, que quiere destruir a todos los que puedan imponer obstáculos para cumplir el contenido de sus deseos políticos. Hay que decir que 2839 militares y a 2745 jueces y fiscales fueron detenidos el día después del evento y que las detenciones continuaron posteriormente.
Uno de los actos del Gobierno turco ha sido la suspensión de la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. El artículo 15.1 de la norma lo permite al decir que “En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del Derecho internacional”, aunque todo Estado parte que ejerza este “derecho de derogación” tendrá plenamente informado al Secretario general del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado, debiendo, además, informar al Secretario general del Consejo de Europa sobre el momento en el que las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación. Resulta sospechoso que, con la escasa relevancia que puede haber tenido el golpe del Estado fallido en Turquía por lo rápidamente que se frenó, se haya utilizado el mencionado precepto para reaccionar, pudiendo ser, esa conducta resultante, desproporcionada.
Diversos son los hechos que conviene destacar. Puede hablarse del mencionado arresto de militares y de jueces y también de la destrucción de diversos medios de comunicación. Estos factores ya sirven para conocer determinados indicios vinculados con las intenciones de Erdogan, que ha iniciado un enfrentamiento contra determinados jueces que parecen preocuparle.
Es interesante que se considere a determinados jueces como enemigos del Gobierno y a otros, los que no han sido arrestados, como amigos. Todo juez debe limitarse a ejercer la potestad jurisdiccional con sujeción completa a la ley y sin que puedan ser parciales.
No puede permitirse que se cese a jueces y a magistrados por simples sospechas sin que se aplique un procedimiento administrativo adecuado. Además, no puede permitirse que haya sanciones penales que se impongan fuera de un proceso penal desarrollado correctamente.
Si se intenta acabar con todos los jueces que puedan ser contrarios a los ideales de Erdogan es para restringir la independencia judicial. Consecuentemente, se pone en peligro, con esa conducta, la separación de poderes que debe existir en todo Estado de Derecho.
