Desde EQUO entendemos que las necesidades de la comunidad educativa en Gijón van más allá de la necesaria coordinación de las obras. Es evidente que esa coordinación debe existir y que no debe volver a pasar que las obras comiencen con el curso escolar, después de haber
estado todo el verano paradas. También vemos positivo y necesario que las direcciones de los
centros y los consejos escolares participen de la planificación de estas obras.
Ahora bien, no es el único tema donde el ayuntamiento tiene competencias que necesitan del
trabajo y la coordinación de la concejalía. El servicio de comedores escolares es
responsabilidad municipal y no se está haciendo ninguna vigilancia sobre la empresa
adjudicataria. No existe control municipal sobre el cumplimiento del pliego de condiciones.
Es necesario que se respeten los números mínimos de monitoras y que se les den la formación
y capacitación necesaria para que se cumpla el pliego de condiciones por el que el
ayuntamiento está pagando puntualmente.
Igualmente se están produciendo recortes en los servicios de limpieza de los colegios que
afectan a las condiciones de las trabajadoras, pero también el resultado final de su trabajo. Es
lógico que la comunidad educativa centre sus reivindicaciones en el necesario aumento de
plazas del profesorado, pero también debemos vigilar la situación de este colectivo y su
trabajo que tiene una gran influencia sobre el bienestar de las personas que trabajan en los
centros. En ese campo, se está produciendo una lamentable descoordinación, que hace que se
mezclen los residuos que previamente la comunidad educativa ha separado. Al no dar los
medios adecuados al personal de limpieza, éste se ve obligado a mezclar, lo que el alumnado
y el profesorado ha separado. De esa forma se devalúa el importante papel concienciador que
la escuela debe tener en un asunto de esta importancia para la sociedad.
Otro aspecto preocupante de los recortes, es el mayor uso del recurso disciplinario de las
expulsiones de los centros. Es un asunto donde el ayuntamiento, desde la Fundación de
Servicios Sociales, también está implicado. Expulsar a un alumno, es trasladar el problema de
lugar, pero no solucionarlo. Para ello es necesario que invirtamos en medios suficientes para
entender las causas y atajarlas. Cuando no hay medios, el profesorado se ve obligado a tomar
esas medidas drásticas y en muchas ocasiones contraproducentes.
La concejalía de educación no es la concejalía de obras públicas, por eso pedimos al
Ayuntamiento una mayor implicación en estos problemas de la comunidad educativa.