Salieron los datos correspondientes al pasado año 2015 y, según el Instituto Nacional de Empleo (INE), la tasa de desempleo en España de las personas con discapacidad es de un 32,2%. Nuestro país cerró el último ejercicio anual con una ocupación de solo una de cada cuatro personas con discapacidad activa.

Las medianas y grandes empresas españolas que -de manera generalizada- dicen fomentar políticas internas de Responsabilidad Social Corporativa, incumplen la normativa -concretamente el 81% de ellas- desarrollada en la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), que las obliga, independientemente del sector en el que desarrollen su actividad y cuando tengan una plantilla superior a los 50 empleados, a contratar un mínimo del 2% de personas con discapacidad.

Una de las razones que argumentan las empresas afectadas para justificar su incumplimiento -aún teniendo en cuenta las ventajas económicas que para ellas supone la contratación de discapacitados- es el desconocimiento de la LISMI.

Las Comunidades Autónomas de España que cuentan con mayor tasa de actividad de discapacitados son el País Vasco, Navarra y Murcia. A la cola de la contratación figuran, por este orden, Galicia, Asturias y Andalucia.

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