España es un polvorín, político, judicial y mediático.
Los secesionistas catalanes se pasan la Constitución por el forro y, sabedores del carácter melifluo del Presidente Rajoy, comienzan su nueva andadura con un desafío de carácter más formal que material, pero desafío al fin y al cabo.
La constitución de las nuevas Cortes Generales ha convertido el Hemiciclo en un Hemicirco con demasiados aspirantes a hacer el payaso.
El caso Nóos está poniendo de relieve que la justicia no es igual para todos. Hay un énfasis excesivo en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado en sus intentos de exoneración de responsabilidad penal a la Infanta, dicho lo cual y a partir de ahí, el solo interés de la acusación popular deja expedita la aplicación de la doctrina Botín. Aunque no es el momento, no me resisto a decir que estoy de acuerdo con la abogada del Estado en su afirmación de que “Hacienda somos todos” no pasa de ser un eslogan publicitario. A quienes le dirigen ataques furibundos les recomiendo que lean al artículo 17.2.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, que permite decidir a la clase política qué parte de su retribución está exenta de tributación.
A partir de este caldo de cultivo, algunos medios de comunicación prejuzgan, juzgan y condenan sin solución de continuidad con unos argumentos tan sesgados en función de sus particulares inclinaciones que los lectores y espectadores nos debatimos entre la risa y el llanto.
Pero, afortunadamente, existen todavía reductos que rebosan salud democrática y social. Me estoy refiriendo a las parroquias rurales, que, para los poco iniciados, constituyen la forma tradicional de asentamiento de la población asturiana y de las que existen actualmente 39. A pesar del nombre, nada tienen que ver con las parroquias eclesiásticas, por más que su origen este ligado al fenómeno de la cristianización.
Se trata de entidades inframunicipales enclavadas en el territorio de un concejo pero con personalidad jurídica propia para gestionar sus bienes, integrados en su mayor parte por montes y praderías (el 25% de las existentes en Asturias), agua y cotos de caza. Su joya de la corona es el concejo abierto, escuela política de base y ejemplo de democracia directa, que sigue aplicándose en las de menos de 100 habitantes.
Tanto los presidentes de las parroquias como los vocales, elegidos en las elecciones autonómicas y locales, desarrollan su función sin percibir emolumento alguno; es más, en ocasiones deben poner dinero de su bolsillo. Practican la política por excelencia: la del servicio desinteresado a los vecinos. Sus cuentas son transparentes y solo gastan si previamente ingresan y por el mismo importe, si bien es cierto que no tienen que atender necesidades básicas, sino renovación y adecentamiento de infraestructuras en beneficio de la colectividad.
Los intentos del Gobierno para acabar con este tipo de entidades y vender su eliminación a Europa como un ejemplo de reducción del gasto público, además de groseros, fueron baldíos, porque la demagogia tiene poco recorrido. Solo queda superar el escollo de que las de nueva creación sigan gozando de personalidad jurídica y, a buen seguro, se logrará.
El pasado 16 de enero celebraron en la parroquia rural de Somao el decimoquinto aniversario de la creación de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR), que ha constituido un hito en la puesta en valor de este tipo de entidades ejemplares.
Sus gestores tienen muy clara la diferencia entre ser cargo público y ser una carga pública. Ejemplos como el que ofrecen alimentan la esperanza de un mundo mejor.
