El nuevo desafío independentista aumenta las opciones de la “gran coalición” PP-PSOE-Ciudadanos y dificulta las de un gobierno de unidad contra los recortes

El drástico giro de los acontecimientos en Cataluña ha supuesto, en primer lugar, un golpe en el tablero político español. El nuevo gobierno catalán ha anunciado su intención de ejecutar la resolución de “desconexión con España”, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Anticipando, en un plazo de 30 días, la elaboración de leyes para impulsar una Hacienda propia, una Seguridad Social catalana o un banco central independiente.

Los efectos de este nuevo desafío independentista, otra vez en primer plano tras haber retrocedido por el castigo de los votantes el 27-S y sobre todo el 20-D, ha tenido efectos inmediatos en la política española.

Si hasta hace pocos días la influencia del viento popular hacía avanzar la posibilidad de un gobierno de unidad contra los recortes, ahora se ha impuesto un clima de “excepcionalidad” que trabaja a favor de la imposición de una “gran coalición” PP-PSOE-Ciudadanos.

El pacto para la constitución de la Mesa del Congreso, donde el PP ha retirado a su candidato para permitir una presidencia del PSOE consensuada con Ciudadanos, camina en esa dirección. Un acuerdo presentado bajo argumentos de “regeneración democrática”, donde una fuerza -el PSOE- preside las Cortes y otra -el PP- dirige el gobierno. Materializado en la figura de un Patxi López elevado a la presidencia de las Cortes, y que fue lehendakari gracias a un pacto entre PSOE y PP.

Al mismo tiempo, la exclusión de Podemos del acuerdo, y la negativa a permitirle la formación de cuatro grupos parlamentarios, levanta nuevos muros a la posibilidad de formar una mayoría contra los recortes.

De repente, y gracias al independentismo catalán como “catalizador”, la política española avanza en una doble dirección: por un lado aumentar las opciones de una “gran coalición” PP-PSOE-Ciudadanos -la alternativa que según Enric Juliana “gustaría mucho en Bruselas y Berlín y contaría con el decidido aplauso del Ibex-35”-... y por otro reducir las probabilidades de un gobierno de unidad de las fuerzas contrarias a los recortes ejecutados por Rajoy -el apoyo de Ciudadanos a un acuerdo entre PSOE y Podemos, calificado desde Washington como “la peor opción de gobierno posible”-.

¿Y a quién sirven estos “independentistas”?

Parece una paradoja que el editorial de El Mundo, virulentamente enfrentado al independentismo, valore ante  la situación creada por el desafío a la unidad del nuevo gobierno catalán que “lo que para algunos resulta un problema, es en realidad una gran oportunidad histórica para que este país pueda acometer los grandes cambios que necesita”.

Pero no lo es, como revelan las valoraciones de los principales bancos norteamericanos y alemanes. Para la J.P. Morgan “una gran coalición [PP-PSOE] sería necesaria para proporcionar una respuesta a la amenaza de secesión catalana”. Mientras que para el Deutsche Bank “el acuerdo catalán  puede alimentar la sensación de una emergencia nacional que podría ser utilizada para justificar una colaboración temporal de PP, PSOE y Ciudadanos”.

La fragmentación de España no está en la agenda del hegemonismo, pero mantener abiertas las amenazas a la unidad contribuye a aumentar la degradación y debilidad necesarias para imponernos sus proyectos. Esta es la situación aprovechada por los círculos nucleados en torno a Artur Mas. Y que el hegemonismo utiliza para intervenir en la política española.

Por eso el gobierno norteamericano, que con Obama a la cabeza se movilizó para defender la unidad de Reino Unido en el referéndum escocés, alega tibiamente que “la cuestión catalana es un asunto interno de España”. Mientras que el partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos, a la que pertenecen el comisario económico de la UE, brazo de hierro de Merkel, o el actual secretario general de la OTAN, aprobó un manifiesto a favor del “derecho a decidir” de Cataluña.

La agudización del conflicto soberanista crea la situación de excepcionalidad necesaria para forzar el gobierno de gran coalición que el hegemonismo pretende imponer tras los resultados del 20-D.

Con el nuevo gobierno catalán se paraliza la celebración de nuevas elecciones donde iba a colocarse en primer plano la lucha contra los recortes, propiciando un nuevo avance del viento popular. Algo que no interesaba ni a Convergencia ni al hegemonismo y la oligarquía.

Los acontecimientos en Cataluña ponen más dificultades a la formación de un gobierno de unidad contra los recortes que en los últimos días había ganado terreno. Agudizando las contradicciones entre Podemos y PSOE o Ciudadanos, y en el seno de Podemos.

Al mismo tiempo el desafío contra la unidad y la agudización de las tensiones internas coincide en el tiempo con el juicio del caso Noos, que vuelve a poner en primer plano las vergüenzas de la monarquía, en la figura de Juan Carlos I. No puede ser casual que la unidad de España y la Corona, clave de bóveda del Estado, sean atacadas. Para imponer el saqueo sobre el 90% de la población y el expolio de las riquezas nacionales, el hegemonismo necesita degradar políticamente el país. Poner en cuestión simultáneamente dos de las principales instituciones del Estado contribuye a agudizar la degradación y la debilidad de España, y de las resistencias frente a las exigencias y demandas del hegemonismo.

Ganar en los pactos lo que han perdido en las urnas

Al anunciar el acuerdo donde dos diputados de la CUP se integrarían en el grupo parlamentario de Junts pel Sí, Artur Mas expresó desvergonzadamente que “lo que no nos dieron las urnas lo corregimos con la negociación”.

Los votantes catalanes le negaron el 27-S a Junts pel Sí la mayoría absoluta que reclamaba. Y el 20-D castigaron con especial intensidad a Convergencia, reducida al papel de cuarta fuerza política con el apoyo de apenas un 10,61% del censo.

Era necesario “corregir” el rechazo democrático mayoritario de los catalanes a la política de recortes y fragmentación que representa Convergencia. A través de un draconiano acuerdo con las CUP que permitiera, en contra de la opinión expresada por las bases, un nuevo gobierno encabezado por Convergencia.

Algo parecido está sucediendo en la política española.

El avance del viento popular se tradujo el 20-D en 16,5 millones de votos a las formaciones enfrentadas a los recortes que ahora ejecuta el gobierno de Rajoy. Poniendo en primer plano las posibilidades reales de un gobierno de unidad contra los recortes que representara a esa mayoría social expresada en las generales.

Era necesario “corregirlo”, robándole a los ciudadanos su voto, y así poder utilizarlo justamente para lo contrario de lo que habían expresado en las urnas.

Para justificar el acuerdo PP-PSOE-Ciudadanos, muchos analistas afirman que “la sociedad española exigió el 20-D la necesidad de pactos”. No es verdad. Lo que expresaron la mayoría de los votantes, tanto de Podemos como también del PSOE o de Ciudadanos, fue su rechazo a los recortes ejecutados por el gobierno de Rajoy, y la demanda de un cambio.

Hace solo dos días, el jefe del Eurogrupo, representante del ala dura dentro de la UE, ha advertido de que “el presupuesto  español incumple las reglas. La Comisión Europea fue clara al respecto. El nuevo Gobierno deberá presentar más ajustes”.

Ayer mismo, la base de Bétera asumía la dirección del Mando Competente Terrestre de la nueva Fuerza de Respuesta Aliada de la OTAN par 2016. Una de las tres grandes misiones de la OTAN que España va a encabezar durante este año.

La realidad es que el avance del viento popular expresado en los votos dificulta la ejecución de los objetivos -económicos, políticos y militares- que el hegemonismo demanda. Por eso Washington y Berlín, y la oligarquía española, maniobran para intentar “corregir” la situación e imponer el gobierno que les interesa, frente a la voluntad popular expresada en las urnas.

Para imponer el gobierno de “gran coalición” que el hegemonismo y la oligarquía necesitan se contempla incluso la posibilidad de un relevo en la actual dirección del PP. Así se pronuncia el Deutsche Bank, afirmando que “el PSOE podría abstenerse junto con Ciudadanos si esto implica la formación de un Gobierno del PP con un plazo y mandato limitados. Podría ser menos doloroso políticamente para PSOE y Ciudadanos si hubiera un cambio de liderazgo en el PP [eligiendo como presidente a otra persona distinta a Mariano Rajoy]”.

Abriendo paso a una “reforma política” controlada, sustituyendo a la “vieja clase política” por una nueva hornada de cuadros con menor peso y talla política, y por eso mismo más maleables, que reconduzca la irrupción del viento popular.

Ahora más que nunca, defensa de la unidad y gobierno contra los recortes

Todo parece indiciar que van a acelerarse todas las presiones para intentar “corregir” la situación creada por el avance del viento popular el 20-D e imponer la alternativa de gobierno que interesa al hegemonismo y la oligarquía. A caballo de las nuevas amenazas contra la unidad encabezadas por el gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont.

En estas condiciones desde Recortes Cero debemos tomar la iniciativa dirigiéndonos a la mayoría social que defiende la unidad contra la fragmentación y la redistribución de la riqueza frente a los recortes.

Encabezando desde Cataluña la defensa de la unidad del conjunto del pueblo trabajador de toda España, y denunciando como la división y la fragmentación solo beneficia a quienes pretenden imponernos un saqueo todavía mayor.

Ampliando el llamamiento a todas las fuerzas que se enfrentan a los recortes y apuestan por un cambio de verdad a impedir un nuevo gobierno de la troika, bajo la forma de “gran coalición”, impulsando un acuerdo que permita un gobierno de unidad contra los recortes reflejando la voluntad expresada por la mayoría de votantes el 20-D.