El 27 de septiembre de 2011 se promulgó la reforma constitucional española modificando el texto del artículo 135. La propuesta de reforma fue realizada el 23 de agosto del mismo 2011 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, y contó con el apoyo del propio Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular (entonces en la oposición) y la formación Unión del Pueblo Navarro.

La reforma del artículo 135, que supuestamente buscaba colaborar en la restauración de la confianza financiera en Europa, significó, en definitiva, una pérdida nacional en la toma de decisiones económicas, una entrega total de poderes a los mercados y un detrimento y la consecuente rebaja de la mayoría de los beneficios sociales de los que nuestro pueblo disfrutaba. Bajo el paraguas de una búsqueda del equilibrio presupuestario se saneó el sistema financiero a costa de la desigualdad y el empobrecimiento social.

Hoy, a menos de tres meses de la elecciones generales, el Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular proclama que lo peor de la crisis (o mejor: estafa) ya ha pasado ¿...?. El Partido Socialista Obrero Español promueve desde sus filas una nueva reforma de la Constitución para adaptarla a los tiempos actuales.

Como ambas formaciones políticas presumen en sus discursos de ser la únicas en tener la razón de Estado, y ya que los tiempos cambiaron ¿por qué no reformar la Constitución, empezando por el artículo 135, para devolver a la sociedad los derechos afanados?.