Estamos asistiendo a un fenómeno que, aunque está pasando desapercibido -como por otro lado parece lógico-, no deja de tener un cierto significado histórico, al menos en el ámbito doméstico de la Administración autonómica.
Los funcionarios protagonistas, y en cierto modo artífices del tránsito de una organización fuertemente centralizada a la actual, están llegando a la edad de jubilación.
Forman parte de una generación con una sólida preparación y cualificación técnica en los distintos niveles.
Son funcionarios que, influenciados por la fortaleza de la denominada “cultura de la democratización” implantada por el proceso constituyente de 1978, y haciendo buena aquella máxima que recomienda que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, se sumaron al proceso sin reservas, adoptando una actitud positiva, de pulcritud y respeto hacia la nueva Administración.
Técnicamente, la tarea no era fácil. De la noche a la mañana se pasó, sin solución de continuidad, de hacer resoluciones para la Presidencia de la Diputación a redactar propuestas de proyectos de ley. Y se hizo con diligencia y holgura en la calificación.
Profesionalmente, fue preciso superar muchos obstáculos. La desconfianza de los partidos políticos en relación a los funcionarios asumidos del ente provincial, la incertidumbre que suponía la transición, la inquietud sobre las retribuciones, sobre la carrera profesional, promociones, ascensos, son algunos de los problemas que hubo que afrontar.
Debieron asumir sin tiempo para el reciclaje la aplicación de la legislación reguladora de la amnistía, los cambios en la normativa funcionarial, la nueva regulación de los derechos sindicales con los problemas prácticos inherentes, la asunción de las competencias tanto relativas a medios personales como materiales, contrataciones ingentes a partir de la laboralización del empleo público, y la aplicación de la normativa sobre incompatibilidades, tareas todas ellas nuevas, complejas y problemáticas.
Y lo hicieron con neutralidad y objetividad.
Sentaron las bases de la actual organización administrativa y sembraron la semilla de los procedimientos en las distintas áreas competenciales, semillas que, dicho sea de paso, prendieron con firmeza, lo que avala su consistencia, hasta el punto de que muchos de los articulados entonces, siguen aplicándose hoy, con las adaptaciones requeridas por los cambios legislativos.
Mención especial merecen los relativos a los procesos selectivos que dieron respuesta a un fenómeno desconocido hasta entonces: la masificación, la gestión de nóminas, incompatibilidades, relaciones de puestos de trabajo con la consiguiente valoración y clasificación de cada uno de ellos, contratación de personal, seguridad social, MUNPAL, MUFACE, por referirme a ámbitos que estuvieron bajo mi dependencia.
Cuando se citan nombres, se cometen injusticias, pero las injusticias son preferibles al olvido. En esta estela es obligado recordar a Carmen Paje, Belén Álvarez, Flori Talavera, Antonio Tamargo, Paloma García y Marta Tamargo; funcionarios todos ellos ejemplares que han marcado una época, ni mejor ni peor que la actual, pero sin duda más difícil e histórica. Ese es su mérito y su legado.
Como solemos decir coloquialmente, primero fuimos nosotros y después la Administración. Y por ese orden.
