Afirmaba nuestro añorado Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1985) Ángel González en sus “Glosas a Heráclito” que “la Historia y la morcilla de mi tierra (...): se repiten”.

Lo mismo podríamos decir de aquellas cuestiones que recidivan cada legislatura, entre las que ocupa un lugar destacado el sueldo de los políticos.

En España se tiene la creencia de que los políticos gozan de demasiada libertad a la hora de fijar sus retribuciones, lo que genera un cierto descontrol. No es infrecuente encontrarse con alcaldes que cobran más que el Presidente de su comunidad autónoma e incluso que el Presidente del Gobierno.

La fijación por ley del sueldo de los políticos podría ser una solución a la anarquía retributiva imperante. Se trataría de dar concreción a la pregunta: ¿quién gobierna al que gobierna? Y la respuesta es clara: solo la ley.

En el ámbito local existe la tendencia generalizada de concretar la cuantía retributiva del alcalde en un euro más que la del funcionario que más gana. No sería mala solución si incorporara, además, el resto del régimen jurídico de los funcionarios: tipificación retributiva por grupos de clasificación, de tal manera que el alcalde cobraría un euro más que el funcionario al que pudiera equipararse por nivel de titulación; derechos y deberes; jornada de trabajo; obligación de asistencia diaria; incompatibilidades; pensiones; etc.

Ninguna de las dos alternativas anteriores se ha llevado a la práctica. ¿Cuál debiera ser entonces el sueldo de un político?

Hemos trasladado la interrogante a amigos y compañeros procurando abarcar un amplio espectro de población: jueces, médicos, funcionarios, empresarios, profesionales autónomos, alumnos en prácticas, sindicalistas, oficiales de oficio y personal no cualificado.

Los requeridos no solo se limitaron a responder a la pregunta formulada, sino que la completaron con los adjetivos, términos o expresiones con los que, a su juicio, entendían que debía poder calificarse el sueldo de los políticos.

En lo que atañe a la cuantía, se recondujo al salario medio de la Comunidad Autónoma. Esta opción, en opinión de los encuestados, encierra una suerte de incentivo para la clase política, de tal suerte que, en la medida en que pongan en marcha acciones que puedan generar un crecimiento de la actividad económica de su respectivo territorio, supondrá por alcance un incremento de su propia retribución.

Por lo que hace a la segunda parte de las respuestas, estas fueron amplias y variadas: merecido, equitativo, justificado, razonable, ajustado a la situación económica, adecuado a los resultados, que no sea escandaloso, digno, suficiente, que no sea ofensivo para el resto de los trabajadores, que permita vivir pero no enriquecerse, que tribute en toda su cuantía, lícito, ético, que se ajuste a la legalidad, fiscalizable en su totalidad, razonable, proporcionado, justo, honesto, ecuánime, equilibrado y único.

Igualmente los encuestados abogaron por una incompatibilidad absoluta para percibir otros ingresos públicos o privados provenientes de fuentes públicas, debiendo ingresarse los excesos, si los hubiere, en la tesorería de la Administración correspondiente.

El tema de los sueldos de los políticos es muy delicado y es un campo muy dado a la demagogia. Se opina con alegría, desconociendo que la actividad política, por más que en algunos casos haya adquirido tintes poco edificantes, es una actividad dura, muy disciplinada, exigente y poco gratificante. Quizá haga falta recordar la máxima de Winston Churchill cuando afirmaba que “La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces”.