Las elecciones municipales y autonómicas que tuvieron lugar el pasado 24 de mayo en España se están acercando, ante la falta de acuerdos y las diversas discusiones de “dame tú y te doy yo”, al cumplirse este sábado la fecha estipulada, a que las alcaldías y la mayoría de los Gobiernos autonómicos se formen y comiencen a desarrollar sus tareas políticas endulzadas con azucaradas promesas
“El poder irrenunciable lo tiene el ciudadano”, “integral transparencia en los acuerdos de las formaciones electorales”, “nunca más un pacto realizado en despachos o en mesas de restaurantes”, “los españoles deben saber cada acuerdo transitado basado en su voto”. Estos slogans amontonados uno sobre otro, han sido la cantaleta de estos días sin que la luz de sus palabras y la “transparencia” se vieran por parte alguna.
Y es que a tres semanas de las elecciones municipales y autonómicas españolas, aún se ignora quién ha ganado, o mejor dicho, quién gobernará a nivel local. ¿Y cómo es posible esto? Un extranjero poco conocedor del asunto, pensaría que se trata de problemas de escrutinios o tal vez de procesos de impugnación de resultados. Pues no. El galimatías es algo así como que quienes han recibido más votos no pueden gobernar, y quienes han recibido menos tratan de repartirse el pastel a dentelladas, fraguando pactos (¿habrá palabra más pronunciada en estos días?) que no van a ser sometidos a consulta popular alguna. Es decir, pactos que nadie vota. Entonces, ¿para qué han servido las elecciones? Nadie ha preguntado a los ibéricos, ni siquiera a los militantes de las distintas formaciones políticas, si están de acuerdo o no con algunas de esas alianzas, muchas de las cuales, si se concretan, serán abiertamente arreglos anti natura.
Siendo así - sabiendo como sabían todos los partidos que ninguno lograría la mayoría absoluta- hubiera sido más honesto que fraguaran sus componendas antes del proceso electoral, y fueran éstas las que se sometieran a la decisión mayoritaria. Así cada uno de los hispanos votantes hubiera tenido la oportunidad de llegar a la urna con todo el conocimiento de causa. De no ser así, quizá la solución más viable sería una segunda vuelta electoral entre los dos partidos más votados, buscando cada uno de ellos sus propios apoyos, pero dejando la última palabra a los electores, que es lo que deberíamos poder esperar en un régimen democrático.
Con el actual sistema, aún siendo perfectamente legal, muchas personas no hubieran votado como lo hicieron si hubieran sabido de antemano con quién se iba a aliar el partido o el líder de su preferencia.
No todo el mundo está dispuesto a vender su alma por una cuota de poder.
