Según el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el Partido Popular -que en la actualidad gobierna en España con mayoría absoluta- se estuvo financiando de "fuentes ajenas al circuito económico legal", llevando una Caja B, y una contabilidad paralela a la presentada anualmente ante el Tribunal de Cuentas.
Esa contabilidad paralela y su Caja B se nutrieron, al menos durante 19 años, de donativos y aportaciones ajenas al circuito legal y fueron destinados a pagos de retribuciones, compensaciones a personas vinculadas al partido, complementos de sueldos y gastos generados por las campañas electorales.
El juez acordó, por falta de pruebas suficientes, el sobreseimiento contra los supuestos donantes, prácticamente lo más "granado" de las grandes empresas constructoras del país en la época investigada.
En un país con una democracia sólida y consolidada, en un país con una democracia respetuosa con los ciudadanos, el auto del juez Ruz obligaría -inmediatamente- a una dimisión en masa del Gobierno en el poder por mentir consciente y reiteradamente y a una convocatoria -urgente- de elecciones generales.
En un país con una democracia decente, los grupos de la oposición parlamentaria exigirían en bloque una depuración de responsabilidades y una inhabilitación perpetua para los implicados.
¿En qué democracia vivimos y qué clase política y empresarial tenemos?
Están acabando con España impunemente.
