¿A qué ciudadano de a pie se le permitiría amagar, tontear, manipular, retorcer y hacer manifestaciones públicas alardeando y jactándose del incumplimiento de la legalidad vigente tal como lo está haciendo el Presidente catalán?

Con toda seguridad, a ninguno.

Hemos pasado de la amenaza de convocatoria de un referéndum ilegal a un sucedáneo para el que no va a haber convocatoria, ni colegios electorales, ni listas electorales, ni nada que pueda revestir las mínimas garantías de que votan quienes pueden votar, ni de que votan lo que quieren votar.

Un nuevo pulso al que el Gobierno central responde tímidamente, como es costumbre.

Ese esperpento no debiera llegar a celebrarse porque, de llevarse a cabo, a buen seguro se maquillará el resultado y se presentará ante la opinión pública como un triunfo del movimiento independentista.

El Presidente Rajoy dijo en unas recientes declaraciones “que no sabía quién mandaba en Cataluña”, y quizás ese sea el problema. En Cataluña debe mandar la Constitución, y si no se respetan sus mandatos, es al Gobierno central a quien corresponde aplicar las medidas conducentes a su cumplimiento.

El derecho a decidir sobre cualquier asunto que tenga incidencia nacional corresponde a todos los españoles. De tal manera que lo que se está solventando en el débil pulso que mantiene el Gobierno con el Presidente Mas no es el derecho a decidir de los catalanes sobre su futuro, sino que el auténtico derecho en juego es el de todos los españoles para decidir sobre si una parte del territorio nacional puede segregarse y constituirse como Estado independiente.

El nuevo Ministro de Justicia dijo en unas recientes declaraciones que si se da “otro entorno jurídico, una consulta distinta que se tendría que articular con otra norma que tendrá que aprobar el Gobierno catalán”, el Gobierno la estudiaría.

Respuesta muy poco contundente que además da ideas al movimiento separatista sobre por dónde deben orientar su pretensión.

Sin perjuicio de lo que diga el Consejo de Estado sobre este nuevo intento, una cuestión debe quedar clara: sea cual sea el ropaje del nuevo esperpento, no se podrá formular pregunta alguna que no se pueda reconducir a competencias que correspondan a la Generalitat.

El Presidente Rajoy debería recordar aquel incidente suscitado entre el rey Jacobo I y el juez Edward Coke el 13 de noviembre de 1608. El rey había convocado a los magistrados de la nación para indicarles que dado que los jueces no eran más que sus delegados, él podía arrebatar en cualquier momento el conocimiento de cualquier asunto de la jurisdicción ordinaria y enjuiciarlo personalmente, a lo que el juez Coke le contestó que el monarca no podía avocar hacia sí ningún caso, dado que ello era competencia exclusiva de los tribunales y que el Monarca estaba sometido al derecho. “Nadie está por encima de la ley”, sentenció.

No hay que tener miedo a enarbolar la Constitución y exigir que se cumpla, pero tampoco hay que rehuir el diálogo, por más que Mas (valga el juego de palabras) sea un personaje difícil en el cuerpo a cuerpo, no por la fortaleza de su discurso, sino por su obcecación.

Kennedy, en un discurso pronunciado el 26 de junio de 1963, con ocasión de su visita a Berlín dijo: “No negociemos nunca por temor, pero no tengamos nunca miedo a negociar”.

Estamos asistiendo a demasiada palabrería y poca acción y, como ya nos advirtió Kafka, “eso es precisamente lo peligroso. ¡Las palabras son las precursoras de acciones futuras; las chispas, de futuros incendios!

Antonio Gala dice de Rajoy que es “soso, indeciso, vacilante y carente de personalidad”. Quizás no le falta razón.

Yo digo que tal como está el país, si fuera rico, no tendría una casa, tendría una maleta.