La frase es rotunda:”No puede haber soluciones de mesa camilla, ni bilaterales , para un problema que afecta a 48 millones de ciudadanos”. Así se manifestaba la portavoz de “Libres e Iguales”, plataforma que trata de movilizar a la opinión pública para hacer frente al nacionalismo independentista y al mismo tiempo servir para que el Gobierno se sienta respaldado en las ineludibles decisiones, de carácter correctivo, que tendrá que adoptar en meses inmediatos o quizás semanas.
El conflicto soberanista ya ha traspasado todas las barreras de la legalidad y superado el normal control político. Sobran declaraciones y advertencias, ha llegado la hora de la acción. Los poderes del Estado tendrán no ya a pronunciarse , sino a poner en marcha los mecanismos que le proporciona la garantía del Estado de Derecho.
En los próximos días Rajoy y Mas se reunirán en la Moncloa y nadie espera resultados positivos. A estas alturas para el presidente de la Generalitat tal parece cumplir una especie de protocolo de cuenta marcha atrás, para que Gobierno de la Nación y Generalitat confirmen, cada uno con sus argumentos, la imposibilidad de una negociación.
Algunos analistas andan señalando que desde la Moncloa están ya definidas las respuestas institucionales, para desactivar e impedir cualquier vulneración de la legalidad, incluida la posibilidad de una jornada de votaciones el 9 de Noviembre, la ocupación de infraestructuras, la provocación para la insumisión cívica y la alteración del orden en sus diferentes formas.
Está claro que los sectores más radicales, incluyendo a ERC, no se van a quedar quietos, pero debieran tener la certeza de que les puede caer encima toda la fuerza del Estado, con sujeción a la Constitución y al Código Penal.
Si a pesar de las decisiones del Tribunal Constitucional, suspendiendo la consulta, Artur Mas sigue adelante para celebrarla, la Fiscalía tendrá que presentar una querella contra el propio presidente de la Generalitat por el
delito de desobediencia a resoluciones judiciales, tal como señala el artículo 410 del Código Penal. Pero además el Gobierno puede ordenar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que retiren las urnas y detengan a quienes se opongan. En ese ejercicio estaría llamada a intervenir la policía autonómica catalana, con todas sus consecuencias para la línea de mando.
El recurso más contundente sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución , que posibilita al Gobierno adoptar las medidas que procedan para mantener el interés general, en el caso de que una Comunidad Autónoma no cumpla sus obligaciones constitucionales.
-Desde sectores catalanes moderados se ha advertido de que la confrontación puede ser de tal calibre que no se descarta un “golpe de mano”, dentro de las filas de CIU, como fórmula para recobrar alguna estabilidad y acogerse a planteamientos menos radicales. No es casualidad que en unos días, el mundo político y la opinión mediática, se hayan visto inundados por manifiestos políticos, procedentes de distintas ideologías, que tratan, a su modo, de parar el conflicto. Los ciudadanos se quedarían más tranquilos si el presidente Rajoy hiciese, pronto, una declaración solemne e institucional reafirmando que de ninguna forma se va a ceder al chantaje secesionista y se cumplirán las leyes.
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