El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer público un comunicado indicando que la economía española ha dejado atrás la recesión y que este mismo año, el crecimiento del PIB sobrepasará el 1,2 %, pero señalando que “el legado que ocasionó la crisis” permanecía y que debieran continuar las reformas.
Coincidiendo con este dictamen y también con la recomendación de seguir eliminando obstáculos, que impidan el crecimiento básico para reducir sustancialmente el paro y mantener los servicios sociales, desde el Congreso se montaba una bronca parlamentaria para intentar boicotear el decreto del Gobierno que introduce 47 medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Un paquete de diversas acciones que sirve para incentivar el empleo juvenil, liberalización de horarios comerciales, bajar las retenciones a los autónomos, reducir las comisiones por el pago de tarjetas, impulsar el sector gasista, congelar las tarifas aeroportuarias y otras más que componen un texto regulatorio de cerca de 200 páginas.
La oposición en bloque, encabezada por el PSOE e Izquierda Unida, se lanzó en tromba contra la propuesta, argumentando que era una manifestación del “abuso de la mayoría”, “corrupción democrática” y otras lindezas. En tono más sosegado se argumentó, como causa del rechazo, que el tiempo para el estudio había sido muy corto, dada la extensión del Decreto. Por otro lado, flotaba en el ambiente el riesgo de retrasar las vacaciones parlamentarias. Ahí le duele, a estos esforzados padres de la patria, que dejan vacíos con demasiada frecuencia, sus asientos en el hemiciclo.
Para el ciudadano, cada vez más harto de la “casta” y de los continuos rifirrafes parlamentarios, con sobreactuaciones circenses, no hay explicación sobre las maniobras obstruccionistas a la acción del gobierno, se hagan tan a las bravas, como en este caso. Precisamente tales medidas van en dirección contraria a aquellas tan criticadas, referentes a los recortes sociales.
Lo tienen difícil los partidos que votaban en contra, para explicar que su oposición se funda en supuestos errores formales, más que en los contenidos regulatorios. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría le dio un varapalo a la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, al decirle que transmitiera esa posición del partido a los jóvenes que esperan recibirá las primeras garantías de empleo y a los autónomos que de inmediato tendrán menos descuentos. Seguro que no entenderían que tendrían que esperar al dictamen del Tribunal Constitucional, tal como han anunciado. “Estamos hablando de cosas del comer”, remató la vicepresidenta dando la puntilla a la bronca y a su radicalismo formal.
Desde otro ángulo, este nuevo incidente, confirma que el país está condenado a que sus fuerzas políticas, el nefasto régimen de la partitocracia , hagan imposible el Pacto de Estado que facilitaría la normal gobernabilidad en beneficio del interés general. Pasamos de consensos y parece que el objetivo más importante es conseguir, como sea, destruir la obra de otros. El PSOE ya anunció que si llega al poder, revocará más de 50 leyes y el propio Tribunal Constitucional está atascado con tantos recursos sobre la supuesta inconstitucionalidad de numerosas disposiciones legislativas. El mismo gobierno del Principado sigue esta senda y ha llevado al Constitucional la Ley de Costas, la Local, la LOMCE, los recortes de Rajoy, el impuesto a la banca y anuncia algunos recursos más.
Está reconocido que uno de los vicios de nuestra democracia es la judicialización de la acción política, al mismo tiempo que la propia acción judicial necesita una urgente regeneración. “Las cosas del comer” no deben estar condicionadas por estrategias electorales.
