La realización de estas prospecciones petrolíferas no es una cuestión jurídica. El Tribunal Supremo resuelve en su campo de competencia. Legalmente, no hay objeción. 

Corresponde al Gobierno resolver si es conveniente desde un punto de vista medioambiental; si es apropiado para la calidad de vida ciudadana; si va a favor o en contra de los habitantes de las Islas Afortunadas; si es o no peligroso para el interés económico actual y futuro en relación a la afluencia de turistas y residentes... 

El poder ejecutivo no debe escudarse en el ámbito propio del judicial. Que cada palo aguante su vela. 

¿Por qué no consulta a la comunidad científica? 

¿De verdad, Sr. Ministro, diría que es una "noticia extraordinaria" si se inician unas actividades que pueden acarrear daños irreversibles? ¿Por qué hay que buscar oro negro cuando hay en el fondo del mar clatratos blancos? 

Hace poco le oí al Profesor Chu, asesor del Presidente Obama: "La Edad de Piedra terminó cuando quedaban muchas piedras; la edad del petróleo terminará cuando quede todavía mucho petróleo".