Han transcurrido más de siete años desde la promulgación de la Ley de Dependencia (14-12-06) y los resultados son tan escasos respecto a los objetivos que se proponía, que hay razones para afirmar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) está en claro estancamiento e incluso en “retroceso” como consecuencia de la reducción de la financiación, de los recortes que en virtud del Decreto Ley (19-07-12) que estableció medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria demandada por Bruselas.

La esperada Ley de la Dependencia fue, sin duda, el mejor estandarte de la política social del gobierno de Rodriguez Zapatero. Una norma que el líder socialista puso en órbita, cumpliendo un acuerdo del Congreso de Diputados del año 2003, por el que se aprobó establecer un sistema integrado que abordase, de forma global , la atención a la dependencia, configurándola  como un derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia . Se consideran discapacidades básicas para la vida diaria las situaciones en las que se necesita ayuda de otra persona para: comer, vestirse, asearse, desplazarse por la casa, moverse, controlar las necesidades, utilizar el servicio, acostarse y levantarse de la cama, bañarse y ducharse.

El reconocimiento de este derecho subjetivo, fundado en principios de universalidad, para todos sin exclusión, equidad y accesibilidad, supuso un gran salto cualitativo respecto a la situación existente , basada principalmente en las familias, y muy especialmente por las mujeres que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que se ha dado en llamar el “apoyo informal”.Como complemento puede considerarse la asistencia, las prestaciones por parte de la administración local, de distinta amplitud y calidad, muy valiosa antes y ahora, con magníficos trabajadores sociales, no configuradas como derechos pero sí ajustadas a ordenanzas.

El SAAD es de carácter nacional y su financiación proviene de tres orígenes: aportaciones del gobierno central, recursos propios de las CCAA y de los usuarios, el copago. El sistema entró en funcionamiento de forma muy lenta, comenzando los reconocimientos a más de 900.000 ciudadanos y actualmente reciben prestaciones alrededor de 750.000 personas, estimándose que hay entorno a las 200.000, grandes y severos dependientes que no las  reciben y que podrían reclamarlas judicialmente. Al mismo tiempo se asegura que hay más de 50.000 plazas vacías en residencias de mayores y atención a dependientes.

La crisis y la experiencia en el desarrollo han motivado a que el SAAD se vea también afectado por el Programa de Estabilidad 2012-2015 con efectos muy duros. A título de ejemplo vale señalar que a las personas que se ocupan de cuidar a un familiar se les ha reducido la prestación en un 15% y los cuidadores tienen que abonar sus cuotas a la Seguridad Social. También se han limitado a tres los niveles de valoración, antes eran seis, disminuyendo las transferencias a las CCAA lo cual perjudican muy especialmente a los cuidadores familiares y se aplaza a 2015 inscribir nuevos usuarios.

En Asturias, según datos de año pasado, había 15.598 personas y pendientes de valoración 1900.En recientes declaraciones la Consejería de Bienestar trataba de mejorar plazos y prestaciones.

Como reconocía la propia Ley, en España los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario tener en cuenta el importante aumento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970, a más de 7 millones. A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominada “envejecimiento del envejecimiento”, es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en los últimos veinte años.

Las políticas sociales de las que España hizo bandera antes de la crisis , pueden convertirse en un lujo . Es necesario asegurar la sostenibilidad de lo más importante ,más aun que el monumentalismo o las infraestructuras no urgentes, proteger a los más débiles tiene que tener preferencia.