Es un buen pico. Los 213 millones de euros que el Gobierno central debe restituir a las arcas de Asturies, tras la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Ejecutivo de Madrid a reponer los convenios de los fondos mineros de 2011 que, con motivo de las restricciones del presupuesto para el 2012, se anularon. En principio, pues, una buena noticia para este territorio entre la Cordillera y el Cantábrico.
Ahora bien, esta decisión del tribunal, semejante, por ejemplo, a otras del Constitucional luso declarando ilegales medidas económicas del Gobierno de aquel país atingentes a la paga de los funcionarios y jubilados y a algunos recortes en el seguro de desempleo (no olvidemos que en las fechas sobre las que actúan las sentencias, España, con un déficit del 11%, estaba a punto de ser intervenida, y que Portugal estaba aplicando mandatos de la UE a cambio del crédito que le habían concedido) nos incitan a realizar una profunda reflexión sobre la democracia, la administración de justicia y la realidad. En primer lugar, ¿deposita el ciudadano su parte alícuota de soberanía en los parlamentos y los gobiernos o en los tribunales? En segundo lugar, ¿existen derechos sobre devengos cuando no existe la riqueza que pueda satisfacer esos derechos? Porque es obvio que, en situaciones de normalidad económica, los tribunales están para exigir el cumplimiento de los acuerdos y los derechos, así como otros elementos de justicia política y moral o social. Pero y en situaciones de grave riesgo o quiebra del Estado, es decir, de su economía, ¿también? Los tribunales deciden sobre a quién ha de darse dinero y a quién no puede quitarse, ¿pero dictan ellos, asimismo, de donde sale la riqueza o cómo se produce? Imaginemos un caso extremo de quiebra del Estado, por la razón que fuere, catástrofe, guerra, aislamiento, ¿seguirían dictando los tribunales obligaciones fiduciarias sobre los derechos escritos en la Constitución o en las leyes particulares? ¿Debería el Estado en ese caso emitir belarminos para hacer como que cumplía?
Pero vayamos a nuestros 213 millones de euros restituidos. En principio representan un motivo de satisfacción. Pero cuando contemplamos de cerca la cuestión, la alegría queda notablemente mermada. Pues si repasamos la lista de los proyectos a que van a destinarse esos fondos, encontramos un número escasísimo de actuaciones que vayan destinadas a lo que era el objetivo fundamental de aquellos fondos: la generación permanente de actividad económica y empleo. Y, efectivamente, encontramos vestuarios para un campo de fútbol y otras instalaciones deportivas, dinero para el Ecomuseo del Valle de Samuño, muchos paseos peatonales y actuaciones urbanísticas, junto con saneamientos, algunas carreteras, y un puñado de obras sin las cuales se podría haber pasado magníficamente. Esto es, nada que no hayan venido siendo hasta ahora esos dineros procedentes del Estado (como otros provenientes de Europa) con destino a las comarcas carboneras: útiles para hacer la vida más agradable a los ciudadanos en sus viviendas o entorno; necesarios para mejorar o constituir algunas infraestructuras; innecesarios, costosos o inútiles, otros; unos pocos, adecuados a su fin; todos ellos, aprovechados para retener o ganar votos municipales, autonómicos o estatales y mantener una red clientelar.
Pero el fiasco principal de esos dineros es que poco ayudan a resolver el problema principal de Asturies, que es un problema de muy distinta índole: no solo nuestra incapacidad para crear actividad económica y empleo (recuérdese que, en los mejores tiempos del pasado, rondamos los setenta mil parados): impuestos altos (tanto los municipales como los autonómicos, piénsese en el «céntimo sanitario» o en nuestro IRPF), que entorpecen a las empresas y cargan en exceso a los individuos; dificultades de toda índole para crear empresas o para funcionar las mismas; dilación en los plazos de resolución de la Administración; despilfarros en las obras gestionadas por los sucesivos gobiernos; ocurrencias variadas, que van desde la puesta en marcha de obras disparatadas en su concepción, como la de El Musel, a prohibiciones de todo tipo para los habitantes de las zonas rurales, tal como la de la normativa de espacios protegidos, actualmente en trámite, semejante a otras del pasado; ausencia de presencia social de la empresa media y pequeña.
En general, parece que la política de los gobiernos asturianos (casi siempre socialistas, pues la asombrosa capacidad de la derecha asturiana para dividirse como las amebas —que se destacará, sin duda, en los anales—, la ha incapacitado para períodos largos de Gobierno, ¡y la que te rondaré, morena!) consiste únicamente en recaudar y en gastar lo más posible en el ámbito de los servicios y de la asistencia social, dejando para el Gobierno central las cuestiones efectivas en el ámbito de la economía, sin tener en cuenta, además, las repercusiones negativas sobre el empleo de la maximización de sus prioridades políticas.
Lo endemoniado es que, además, existe en Asturies un amplio consenso social y mental en nuestra forma de ver el mundo. Sindicatos y partidos de izquierda son su punta de lanza, pero una parte no pequeña de la derecha y de los «ciudadanos neutros» forman parte de ella: esa idea de que nosotros no somos los responsables de lo que nos pasa; de que todas nuestras carencias son una injusticia que se nos ha de reparar; de que el Estado ha de subvenir siempre a lo que necesitemos o se nos ocurra pedir. Todo ello, unido todavía a un escaso aprecio por la iniciativa empresarial y un cierto menosprecio por la excelencia; pero pensando que somos nosotros lo moderno y lo normal, y el resto del mundo, lo arcaico y lo atrasado.
Por ahí anda nuestra extravagancia histórica, algo que perciben al instante nuestros visitantes. Por eso, el pico de los 213 millones, como cualquier otro pico, será siempre poco pico, aunque algunos den mucho el pico por el logro.
