Vivimos tiempos convulsos y confusos.

Hay dos acontecimientos recientes que son fiel reflejo de ello.

Por orden de menor a mayor gravedad, nos referiremos en primer lugar al cara a cara entre el candidato popular y la candidata socialista a las elecciones europeas.

Han consumido sus tiempos de intervención en el debate lanzándose reproches. Nada o muy poco han hablado sobre Europa.

Esto abunda en la tesis que venimos sosteniendo de que hace falta que lleguen aires limpios y nuevos a la política; gente que no tenga pasado y que, por tanto, se dedique a hablar del presente y del futuro.

Como decía Bernard Shaw, vivimos en una democracia esclerotizada, y por ello “los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo y por las mismas causas”.

El segundo tema tiene tintes sangrientos y dramáticos. Nos referimos al asesinato de la Presidenta de la Diputación de León.

Nada puede justificar la muerte de una persona.

La asesina confesa ha manifestado que la fallecida lo merecía porque había causado mucho daño a su hija y a su familia.

Conocemos el alcance del daño a la hija, que parece estar relacionado con la rescisión de un contrato o de un nombramiento interino, pero aún no conocemos en qué consistió el daño a la familia. Circulan rumores por la red, pero son solo eso, rumores.

Por ello, y a falta de mayor información, en este caso hay poca premisa y mucha consecuencia. Nadie asesina por la no renovación de un contrato o de un nombramiento interino.

Nunca los hechos desencadenan consecuencias dramáticas; son las circunstancias que rodean los hechos. Si en un accidente de tráfico nos apeamos del coche insultando al conductor del otro vehículo y recordando a su familia, el lío está montado y las consecuencias son imprevisibles.

En este caso concurren además circunstancias muy llamativas. Cierto que en la red se aprovechan este tipo de acontecimientos por resentidos y radicales para canalizar su odio, pero también personas normales y corrientes han vertido comentarios que dan mucho que pensar.

Son cuestiones que deben invitar a la reflexión, mas a una reflexión serena, a una reflexión que nos lleve a pensar por qué la sociedad reacciona como lo está haciendo en este caso concreto.

Todos los días se producen asesinatos que producen dolor y consternación. En este caso concreto, no obstante, concurren circunstancias que dan al asunto un sesgo peculiar. El cargo y el carácter de la fallecida, el acaparamiento de puestos, la profesión del marido de la asesina confesa son todos ellos ingredientes que disparan –nunca mejor dicho- la inventiva y la invectiva popular.

El Ministro del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que se pongan en marcha para perseguir a los tuiteros que, a su juicio, han injuriado y calumniado con sus comentarios a la fallecida.

Nos gustaría que el Ministro actuara también de oficio y con la misma rapidez cuando los injuriados y calumniados son otros ciudadanos.

Ocurre, sin embargo, que –y esto debiera saberlo el Ministro- la respuesta a estas frases malsonantes, injuriosas y calumniosas no puede ser policial, no son delitos perseguibles de oficio, sino que deben ser los herederos los que inicien las acciones civiles o penales contra quienes consideren que han mancillado el honor de la fallecida.

No cabe tampoco apelar en este caso a la aplicación del artículo 173 del Código Penal, que castiga con la pena de seis meses a dos años a quien dé un trato degradante a otra persona o menoscabe gravemente su integridad moral. Se trata de un artículo al que se recurre para el acoso escolar y que sí es perseguible de oficio. Pero aplicarlo por analogía al caso que nos ocupa es violentar los cimientos del Código Penal.

El Ministro del Interior debería reparar en el porqué de esos comentarios más que en el contenido de los comentarios, y evitar proponer soluciones en caliente a resultas de un determinado acontecimiento social que le toca muy de cerca.

            Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz.