La tragedia ocurrida en la mina Agualimpia, en Santander de Quilichao, Cauca, que deja hasta el momento 12 personas fallecidas, producto de una avalancha ocurrida hacia las 10 de la noche del pasado 2 de mayo, es el pálido reflejo de un enano que desde hace rato se agrandó en el país: El de la minería ilegal.
Una minería que no cumple con los cánones requeridos por la ley para funcionar, pero que lo hace desde hace más de 100 años y cuyas consecuencias son, en todos los casos, la pérdida de vidas humanas, y por supuesto, un severo daño ambiental.
Sin embargo, hay que señalar que el gobierno ha hecho un esfuerzo, tanto legal, como humano, en buscar la legalización de los mineros artesanales, en varias regiones del país, como Chocó, con la expedición de 3 decretos complementarios y el proceso de volver legales a estos trabajadores.
Pero, paralelo a esta minería que no está en regla, se ha erguido una ‘hermana malvada’ que le produce miles de millones de pesos a los grupos armados, las bandas criminales y las organizaciones delincuenciales: la minería criminal.
Este monstruo de varias cabezas, que está enriqueciendo a grupos como las Farc, el Eln, las bandas criminales, (en especial los Urabeños) y los narcos, en 23 departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Chocó, Guainía, Nariño, Valle, Cauca, Putumayo y Caquetá, entre otros, según el más reciente informe suministrado por la Contraloría, se ha convertido en un importante elemento de guerra, en las regiones donde se ejerce, y por tanto, en objetivos de alto valor para la fuerza pública, que está haciendo la tarea de combatirlo.
No obstante, hay que decirlo, la caja menor de estas organizaciones armadas y criminales se ha venido engordando con el uso de este tipo de minería, que busca explotar, de forma ilegal, minerales como el coltán, el oro o el tugsteno.
Esto sin contar con la estrategia ‘eficaz’ de extorsionar a las multinacionales que ejercen el oficio, por parte de los grupos guerrilleros, lo que lo hace aún más complejo de combatir y erradicar.
Un mal que deja, por efecto del lavado de activos, 36 billones de pesos anuales de ganancia, de los cuales, netos, entran a las arcas de estos grupos armados, 10 billones de pesos.
Por tanto, incluso en lo que respecta al proceso de paz de La Habana, cabe preguntarse si las Farc, una vez dejen las armas y se pongan a hacer política legal, entregarán este jugoso filón que se ha convertido en uno de los primeros renglones de sus finanzas criminales.
No obstante, ahora lo importante es que el Estado y la fuerza pública se pongan las pilas y arrecien en la lucha contra este tipo de minería, la criminal, porque la ilegal se puede erradicar, con planes sociales y con la ley en la mano, para dejarla atrás.
Por ahora, de seguro se seguirán presentando, casi que a diario, accidentes como el ocurrido en la mina Agualimpia, sin que se pueda impedir que la vida humana se apague, por cuenta de la ilusión de un enriquecimiento milagroso, como el trae la explotación minera.
