Casi al mismo tiempo que Cáritas hacía público su informe social sobre la situación de la pobreza en España, reclamando, al Gobierno y a la sociedad, mayor implicación para rebajar sus dramáticos índices, especialmente los referentes a niños y jóvenes, se conocía que BILDU, que campea impunemente en las instituciones vascas, suprimía por unilateral decisión, la posibilidad de marcar simultáneamente las casillas de los formularios para la declaración de la renta que se refieren a “ Iglesia Católica” y a “otros fines sociales”.Decisión admitida legalmente, aunque, por ignorancia,muchos católicos solo utilizan la primera, con lo cual se priva a Cáritas de la posibilidad de recibir ayudas por cuenta de este capítulo,distinto al específico para la Iglesia Católica.
Cáritas ha reaccionado con una campaña con el lema:”Ayudar el doble, no te cuesta nada.Si ayudas, no te quedes a medias.
La actitud cicatera de la Hacienda Foral, gobernada por BILDU, es una muestra más de esa hostilidad que parece extenderse desde diferentes campos..
Parece ya normal que desde distintos altavoces se deteste de cualquier connotación religiosa, sean símbolos, visitas o funerales de Estado,como ocurrió cuando el funeral por Adolfo Suarez o por militares muertos en acciones bélicas. Estas actuaciones ocurren en un país donde nueve de cada diez españoles se declaran católicos, aunque el nivel de practicantes se reduzca al 24%. Tal grupo podría considerarse como “masa crítica” del catolicismo social, es decir que tiene mayor coherencia entre su fe y su práctica cultural, social y política.
Pudiera pensarse que este grupo practicante es relativamente pequeño, pero ocho o nueve millones de católicos, respecto a la dimensión de los que forman la estructura de la sociedad española, partidos, sindicatos, asociaciones y los no adscritos, es realmente determinante si llegase a una cierta unidad de acción que puede surgir si se le machaca.
Es una irresponsabilidad atacar de forma vejatoria a todo lo que representa la Iglesia, olvidando que detrás hay millones de ciudadanos. Si además se utilizan falsos pretextos políticos quedan en evidencia quienes son los auténticos fachas, nazis e inquisidores. Cualquier cosa menos demócratas..
En este planteamiento de irracionalidad habría que incluir el desconocimiento de la contribución social de la Iglesia a la sociedad. Se divulga muy poco su obra y que la Conferencia Episcopal entrega al Gobierno, cada año, una Memoria con la relación de actividades.
En la última se indica que más de dos millones de personas (discapacitados, enfermos
de sida, ancianos, madres solteras, huérfanos, reclusos, inmigrantes, indigentes..)son atendidos anualmente en los diversos centros vinculados a la Iglesia Católica. Ninguna institución, ninguna empresa, administración pública u ONG puede ofrecer unos resultados similares. La valoración económica de las actividades asistenciales es superior a los 30.000 millones de euros y la contribución del Estado no sobrepasa los 300 millones.
No es sencillo contabilizar la aportación de la Iglesia ya que no es un holding del que dependan un número determinado de filiales, sino una realidad heterogénea de organizaciones muy dispares. En centros educativos hay escolarizados 1.400,000 alumnos y el ahorro para el Estado, 4.200 millones, proviene de la diferencia entre el coste de una plaza en un centro público y el asignado al concierto por plaza. La Iglesia realiza el mantenimiento del 33% de los monumentos existentes en nuestro país. Otros datos son: 435 orfanatos y guarderías, 788 hogares para ancianos, 93 hospitales y 3000 centros especiales.
Caritas Española presta ayuda a más de un millón y medio de personas a través de una red de 5600 Caritas parroquiales, es la red de asistencia social más importante del país. La contribución de las administraciones públicas solamente alcanza el 10%. Está claro que son los católicos y simpatizantes quienes hacen las mayores aportaciones.
Estas informaciones raramente se explicitan, en contraste con las que potencian escándalos. La labor social de la Iglesia merece el reconocimiento social, al margen de opiniones políticas.