Siempre me llamó la atención el trolley que arrastra día sí y día también la jueza Alaya en su calculado y largo desfile desde el taxi al Juzgado. Y también me suscita permanente curiosidad cuál pueda ser su contenido, aunque no resulta difícil aventurar lo que no contiene.

No parece que contenga manuales de consulta jurídica. Hacemos esta afirmación categórica porque en el más elemental de ellos se puede recordar (nos imaginamos que lo habrá estudiado en la carrera y en la oposición) lo que es la inviolabilidad, la inmunidad y el aforamiento.

Si su desafortunado y fallido intento de utilizar a la Guardia Civil para notificar en la sede del Congreso de los Diputados autos de imputación a personas aforadas trae causa en su desconocimiento u olvido de las reglas del juego, debe ser apartada de la instrucción. Sus resoluciones no parece que puedan alcanzar el grado de fiabilidad jurídico-procesal necesario en un asunto que, a todas luces, la supera.

Si su fugaz ascenso al estrellato la ha hecho perder el norte (con la reboda ya tuvimos bastante) y se considera amparada por una mala entendida independencia, debe ser igualmente apartada.

El sistema no puede proteger a jueces que se sitúan al margen de los procedimientos.

No es admisible que se utilicen los recursos públicos para poner en marcha unas actuaciones claramente extravagantes y atípicas. ¿Quién correrá con los gastos ocasionados? ¿Debemos afrontar todos los españoles el importe de unas actuaciones claramente contrarias a la Constitución? Por menos hay muchas personas imputadas.

El espectáculo desarrollado en las Cortes Generales, interpretado por una letrada de la Secretaría General que, incrédula, sale a recibir a los guardias civiles para hacerse cargo del sobre que contiene la imputación para custodiarlo en tanto se procede a su devolución a la jueza Alaya por decisión unánime de las mesas de ambas cámaras, pasará a los anales de la historia judicial española.

Ha tenido que intervenir el Tribunal Supremo, órgano competente para ello, para hacer llegar las notificaciones a los aforados.

Sorprende también que la propia jueza alegue para justificar su error que desconocía el domicilio de los interesados, cuando según éstos, permanece invariable desde hace veinte años y era conocido por la propia Guardia Civil actuante que les había prestado escolta en el mismo.

No nos extraña que el Presidente Mas siga aferrándose, erre que erre, a su plan secesionista. Es sabedor de que vivimos en un país con unas tragaderas muy grandes en el que quien tiene poder puede usarlo a sus anchas sin temor alguno.

Quienes pueden poner coto a estos espectáculos no lo hacen: son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles.