La vulneración de las leyes solo se remedia con la aplicación de las leyes. Muchos españoles se hubiesen sentido tranquilizados si Rajoy , al termino de su primera intervención en el pasado debate, hubiese sido más rotundo en cuanto a la aplicación de la política de Estado,  para corregir las maniobras de la Generalitat catalana en su marcha hacia la independencia.

El Presidente del Gobierno reiteró su conocida y válida argumentación de que la “soberanía reside en la totalidad del pueblo español” , y que por tanto los planes de Artur Más son innegociables.

Es una respuesta correcta  pero manifiestamente insuficiente para abortar las ilegales acciones, de cada día, para la ruptura de la unidad de España. Es evidente que el orden constitucional está alterado gravemente en Cataluña, incluyendo, además, una progresiva división en la ciudadanía catalana. Los planes de Artur Más pasan por derogar la Constitución , incluyendo acciones calculadas para el desprestigio de las instituciones, la Corona incluida, como se ha puesto de relieve en días pasado. Se está llegando al tope de desgarramiento de los poderes fundamentales y una muestra es el manifiesto de una treintena de jueces catalanes alineándose con el derecho a decidir ,vulnerando ,de esta forma, el mandato de imparcialidad política que es consustancial a la función judicial.

El estado de rebeldía institucional es de tal magnitud que sobran ya todas las condenas de salón y los llamamientos al diálogo. Gran parte de la opinión pública está demandando que el Estado ponga en marcha sus recursos legales contra el desacato continuado de la Generalitat, restaurando el orden constitucional y poniendo fin a los desafíos del nacionalismo.

Daría una imagen de firmeza que el Gobierno abandonase sus posturas de pasividad política exigiendo el cumplimiento de numerosas sentencias y autos del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenan a las autoridades catalanas implantar el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de esa Comunidad.

Si no se hacen efectivas las sentencias de los tribunales, la Justicia se convierte en un mal adorno del Estado y se vulnera la Constitución    que en su artículo 117.3 determina :”juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Como ya se ha reiterado desde distintos medios, la responsabilidad última vendrá de la pasividad de las instituciones centrales del Gobierno , por no ejercer la Alta Inspección del Estado en materia educativa y exigir las responsabilidades oportunas a los tribunales sentenciadores por no promover de oficio la ejecución de sus sentencias firmes y no trasladar al fiscal los actos de desacato.  Por no depurar las responsabilidades penales de los cargos de la Generalitat que “con publicidad y arrogancia” advierten que van a cometer el delito de desobediencia previsto por el artículo 410 del Código Penal.

Si en el pasado debate el presidente del Gobierno hubiese hecho referencias concretas a esas rebeldías y anunciando su corrección por medios legales, posiblemente se habría iniciado un proceso de contención frente a tanta deslealtad constitucional.