Del sumario instruido por el Juzgado número 3 de Palma de Mallorca con ocasión del caso Nóos y de sus protagonistas lo conocemos todo, incluso lo que no sería normal que conociéramos.
Conocemos la bicicleta y la moto del juez Castro y sus respectivos cascos, el deportivo “vintage”, su chupa de cuero, sus modelos de camisas, sus corbatas ladeadas y todos los detalles anexos. También sabemos que toma café con el fiscal y con la abogada de la acusación particular.
Conocemos también detalles de lo que va a hacer o no hacer a través de sus fugaces declaraciones a los medios de comunicación.
Ya habíamos dicho en ocasiones anteriores que solo faltaba abrir la sala de vistas a los medios y permitir a los periodistas deponer como testigos.
A esto último todavía no hemos llegado, pero sí hemos tenido ocasión de conocer la sala en cuestión a raíz de la declaración como imputada de la Infanta, y todo ello a pesar de las hipotéticas severas medidas que había ordenado el juez Castro sobre el particular, entre las que se encontraba la prohibición de grabar en vídeo la declaración.
Parece ser que la grabación que ha trascendido a los medios de comunicación la hizo uno de los abogados personados en la causa a través de un sofisticado método que burló los minuciosos controles judiciales establecidos al efecto.
Esta presunta actuación de unos abogados contraviniendo la orden expresa del instructor seguramente no se habría producido en el contexto de un juzgado que no hubiera abierto sus aledaños y sus puertas de par en par a los medios de comunicación y hubiera convertido el proceso en una sucursal de un plató de televisión.
Son las consecuencias de convertir un juicio que debiera estar rodeado de la obligada seriedad en un evento populachero y mediático.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha adoptado un acuerdo que prohíbe a los medios de comunicación tomar imágenes, sea a través de filmaciones o de fotografías, en los pasillos del Juzgado alegando “el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen de las personas que acudan a cualquier tipo de actuación judicial, así como la presunción de inocencia”.
Debiera cundir el ejemplo.
En todo caso, como afirmaba el decapitado Director de “El Mundo”, Pedro J. Ramírez, “en el procedimiento judicial hay peligrosos cocodrilos con toga sirviendo a intereses opuestos de los que dicen representar”.