Después de presuntas reformas y después de tantas subastas, si hay algo claro con esto de la tarifa eléctrica es que a los españoles nos estuvieron robando escandalosamente, durante décadas, con el recibo de la luz y lo peor y más triste es que las empresas eléctricas perpetraron ese robo masivo con la colaboración de todos los gobiernos desde la instauración de la democracia en nuestro país. Es tan elocuente este hecho que, aún hoy, ex ministros e incluso ex presidentes forman parte de la nómina directa -vía empleo o vía consejos de administración- de las aludidas sociedades.
La crisis puso sobre la mesa las diferencias de precios existentes entre los diversos países de nuestro entorno, dejando en evidencia que nuestro mercado eléctrico es el más caro, tanto para familias como para empresas. Sin embargo, la misma crisis también alumbró que los directivos y consejeros que dirigen las firmas de este sector en España son de los ejecutivos mejor remunerados a nivel mundial. Y eso sin necesidad de subastas.
En los últimos 4 años (2.009/2.013), según cálculos del propio Gobierno, los costes financieros -los seguros de cobertura-, consecuencia de las famosas subastas, supusieron que los consumidores españoles pagamos un sobreprecio de 1.200 millones de euros, a razón de 300 millones cada año. El Ministerio de Industria, con la nueva fórmula que va a introducir (sin carácter retroactivo para que no salten los plomos), calcula que el ahorro de una familia media española será de unos 26 euros al año. Si hacemos un simple cálculo, con la fórmula mágica del ministro Soria habría que suponer que (en caso de devolución, que no va a ser) en lugar de las familias fueran los 47 millones de españoles -toda la población-, los consumidores de energía para que con los 26 euros de ahorro anual compensasen los 1.200 millones de euros que nos birlaron en solo 4 años.
La generación de electricidad es menos costosa del precio que nos quieren colar (y aún menos costosa sería si se potenciase las energías renovables que este Gobierno mandó al carajo). Un mercado monopolizado y pactado por las grandes compañías conlleva precios desproporcionados para el consumidor, haya o no haya subasta. Las nóminas de sus dirigentes, escandalosas.
