El debate actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo nos muestra, una vez más, que en este circo político, los derechos de las mujeres son moneda de cambio.
El Ministerio de Justicia acaba de justificar que su anteproyecto de ley puede ser un revulsivo para la maltrecha economía gracias a “los beneficios esperados por el incremento de la natalidad”. Más allá de la falacia de este argumento (no hace falta seguir incidiendo en que las leyes restrictivas sobre la interrupción voluntaria del embarazo no disminuyen el número de abortos, pero sí los convierten en prácticas mucho más peligrosas para la salud) a una le asalta la duda: ¿las mujeres tenemos el deber de traer al mundo a españolas y españolas que contribuyan a nuestro país a salir de la ‘crisis’ económica? Perdonen la ironía pero es la única manera para reaccionar ante semejante disparate. Un disparate más que se suma a la retórica ultraconservadora y que esconde los verdaderos peligros de esta ley: la infantilización, el control e instrumentalización de las mujeres y el ataque indiscriminado a nuestros derechos sexuales y reproductivos.
El anteproyecto de Gallardón dinamita la actual legislación y devuelve a las mujeres a una situación de indefensión ante los embarazos no deseados sin precedentes en esta democracia española. Y aunque el debate social, político y mediático es intenso, pocas veces éste se enfoca en términos de democracia; pocas veces se plantea como una medida que ataca y niega a las mujeres como sujetos de pleno derecho. En multitud de ocasiones nos encontramos con que el debate se reduce a poner los límites de hasta cuándo y por qué motivos una mujer puede poner fin a su embarazo si lo desea. Si es violada, parece que hay consenso. Si su salud corre peligro, también. ¿Y si el feto tiene malformaciones leves?, ¿y si son severas? Y lo que es peor, ¿y si simplemente no quiere ser madre? En ese caso, las posiciones se polarizan y es cuando las embarazadas perdemos el control de nuestro cuerpo.
Resulta entendible que la supresión en el anteproyecto del supuesto de malformación (o la incorporación de múltiples trabas burocráticas que dificultan el aborto en estos casos) haya sobrecogido a un enorme espectro social (incluido el que alimenta las bases y las esferas del Partido Popular). Es una medida grotesca, incluso sádica, pues desprecia e ignora que este tipo de interrupciones del embarazo, normalmente en estados avanzados de gestación, suelen ser decisiones muy meditadas, difíciles y probablemente muy dolorosas. Su obstaculización se puede convertir en un verdadero calvario para las embarazadas y para sus seres queridos. Sin embargo, limitar el debate actual a este supuesto es muy peligroso. Lo que se debería defender no es que haya un ser ‘concebido’ que tenga más derecho a nacer que otro, ni que una mujer pueda escoger en uno u otro supuesto; sino que pueda elegir en todo momento aquello que le atañe a ella, a su cuerpo, a su sexualidad y a su vida. Sin culpabilizarla. El anteproyecto estipula que toda una lista de expertos -legisladores, jueces, médicos y psicólogos- son las personas capacitadas para decidir sobre la conveniencia o no de la interrupción de un embarazo, presuponiendo, por tanto, que su criterio está por encima del de la propia embarazada. ¿Es que ella no sabe lo que hace?
Al quitar la autoridad a las mujeres nos infantilizan, nos anulan la capacidad del raciocinio, de tomar una decisión sensata, nos convertimos en personas menores de edad. Ni siquiera seríamos responsables del delito de abortar (lo serían los médicos) porque nuestro papel en todo esto es completamente pasivo. Lo hace la ley de Gallardón que, además de poner serias trabas burocráticas para poder abortar, persigue a médicos y médicas que incumplan la ley, prohíbe anunciarse a las clínicas abortistas, impone siete días de reflexión, y así un largo etcétera de sinsentidos. Pero la ley vigente que impulsó el PSOE también tiene mucha contradicciones, así como la anterior de 1985. Si bien en las leyes socialistas existe un marco de libertad bastante más amplio que en la medida del PP, éstas también perpetúan un modelo de desprotección y de criminalización de las mujeres: fija periodos de reflexión para embarazadas que ya han decidido abortar; permite la objeción de conciencia por parte de equipos médicos; deriva las operaciones hacia clínicas privadas y despenaliza sólo parcialmente del ‘delito’ de abortar. En todas las reformas, el derecho de un embrión tiene, en algún momento, mayor valor que el de la mujer que lo gesta.
Menos embarazos no deseados
Durante el último año, el número de abortos voluntarios en el Estado español ha descendido. Eso es un hecho. Pero si lo que se pretende es reducir también el número embarazos no deseados, se debería empezar por tomar medidas para prevenirlos. Creando más centros de información sexual o de planificación familiar en todas las poblaciones y municipios; impulsando campañas de promoción de métodos anticonceptivos; incorporando la educación afectivo-sexual en los currículos de todos los ciclos formativos. En resumen, dotando de las herramientas necesarias a jóvenes y mayores para que puedan tomar decisiones libres y responsables sobre su sexualidad. Medidas sencillas que exigen, sin embargo, que sean contempladas en la legislación y que dispongan de presupuesto, porque si no, con uno u otro gobierno, caen en saco roto. Pero estamos en un Estado en el que si hay algo que destacar en este terreno es el paulatino cierre por parte de las instituciones de centros de información y atención sexual, así como su cruzada para que en los colegios e institutos no se introduzca de ninguna manera la educación afectivo sexual.
Estos días los grupos feministas protagonizan la protesta en las calles y en las redes sociales. Y como hace más de treinta años, lemas como “mi cuerpo es mío, y sólo mío”, o “si los hombres parieran el aborto sería un derecho”, vuelven a estar de una actualidad preocupante. No queremos que se haga política partidista con nuestros cuerpos. Lo que queremos es poder abortar, de manera libre, segura y gratuita.
Fotos: Archivo AmecoPress.
