La Infanta parece que tiene que hacer el paseíllo, todavía no sabemos si en coche o a pie, y recorrer el callejón de acceso a los Juzgados de Palma, asunto del que nos ocuparemos en nuestro próximo comentario. Pero el que tiene ante sí un callejón con muy mala salida es el propio juez Castro.

El Consejo General del Poder Judicial, cuya elección ha sido impugnada por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria –lo que faltaba para desprestigiar aún más al poder judicial–, “amenaza” con salir en defensa de aquellos jueces que se vean injustamente atacados.

Esperemos que este artículo no active tal mecanismo de defensa y se entienda –al menos esa es mi sana intención– como una crítica respetuosa aunque firme y, en todo caso, desplegada en el ejercicio de nuestra libertad de expresión.

El problema que tiene planteado el juez Castro es muy simple y a la vez muy comprometido. Reprocha a los inspectores de Hacienda favorecer los intereses de la Infanta al actuar de forma diferente a como lo harían con el resto de los ciudadanos. Los acusa de haber emitido un informe “ad hoc” falseando la realidad. Si esto fuera así, también hubieran incurrido en falso testimonio en su declaración ante el Juzgado. El propio juez les preguntó: “¿Ustedes suelen admitir facturas falsas como deducibles con el resto de los contribuyentes?”.

Si existen indicios de que los inspectores de Hacienda están dispensando un trato de favor a la Infanta, distinto al del resto de los ciudadanos, estarían rozando la prevaricación, y cualquier otro ciudadano con estos indicios sería imputado.

Pero el reproche no se circunscribe a los inspectores de Hacienda; también lleva por delante a la Abogacía del Estado y al fiscal Horrach, es decir, a todos aquellos que no comulgan con sus ideas.

Si el informe de los inspectores de Hacienda se ha elaborado en el legítimo ejercicio de sus funciones, si la Abogacía del Estado está cumpliendo su papel conforme a las reglas que rigen su actuación, y si el fiscal Horrach se está ateniendo al contenido de su estatuto, la Infanta debiera quedar exonerada de toda responsabilidad y tendría que ser desimputada.

Si así no se actuara, el juez Castro quedaría en muy mal papel y su decisión de mantener la imputación y ordenar la apertura de juicio oral estaría al límite de la legalidad. Tal como está el panorama judicial español, el juez Castro debería tener presente que el tránsito de la condición de cazador a presa se representa con una fina línea que se puede traspasar en cualquier momento.

Siempre hemos sido partidarios de posicionarnos en temas como el que nos ocupa, y en esta ocasión también lo vamos a hacer.

Entre el juicio técnico del juez Castro y el juicio técnico de los inspectores de Hacienda, de la Abogacía del Estado y del fiscal Horrach, nos quedamos con el de estos últimos, y en especial con el de los inspectores de Hacienda, que son los auténticos especialistas en la materia.

La razón de esta elección en simple y no debe ofender a nadie porque no es más que la constatación de una realidad.

El juez Castro –y este dato se obtiene de la red– accede a la judicatura por el cuarto turno desde su condición de funcionario de prisiones. Es, sin duda, un procedimiento legal y legítimo, pero también lo es que se trata de un procedimiento singular, distinto del ordinario por el que acceden a sus plazas los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado y los fiscales.

No queremos con ello desprestigiar a los jueces del cuarto turno; los hay muy buenos. Pero al igual que ocurre en la Administración General, existe una diferencia material, aunque no formal, entre quienes acceden a sus plazas por los procedimientos ordinarios y quienes lo hacen a través de pruebas selectivas restringidas o por concurso de méritos.

Como dice el proverbio, “Todos estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde”.