El proyecto de ley del aborto patrocinado por el Partido Popular está siendo cuestionado desde los ámbitos jurídico, político, social y científico.

Supone, sin duda, un retroceso en los derechos de la mujer si se cumple la letra de la ley: la violación será un supuesto legal para interrumpir el embarazo; las malformaciones del feto, no.

El debate desde el punto de vista jurídico es muy interesante.

Se parte de la base de que la vida del nasciturus (el concebido, pero no nacido) es un bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución (“Todos tienen derecho a la vida...”), a diferencia de lo que ocurre en otros países, en los que sea emplea la expresión “everyone” o “toute personne” para referirse solamente a las personas ya nacidas excluyendo al nasciturus. Hay que tener, pues, claro, que el nasciturus, aunque no es titular de un derecho fundamental a la vida, pues solo es titular de derechos quien es persona, y el nasciturus no lo es, sí es un bien jurídicamente protegible.

En el tema del aborto entran en juego, junto al derecho a la vida, otros muchos derechos fundamentales como la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral, la libertad de ideas y creencias, y la intimidad personal y familiar, que, a mi juicio, deberían abocar a una ley de plazos y no de supuestos, lo que supondría, en último término, considerar el tema del aborto como un asunto personal y no de Estado.

Pero el proyecto de ley del aborto ha servido para que los ciudadanos tomen conciencia de que los diputados no son libres para votar. Algunos, dentro de las filas del PP, han pedido libertad de voto.

Si los diputados no son libres para votar, ¿podemos afirmar que estamos en una democracia?

Si los diputados no son libres para votar, ¿para qué hacen falta tantos diputados?

¿No bastaría con que existiera un diputado por grupo y se aplicara el voto ponderado en función del resultado electoral?

Pero lo realmente contradictorio es que el Gobierno preconice el derecho a la vida y simultáneamente recorte las ayudas a la dependencia e implante el copago.

¿Con qué fundamento moral o social se puede obligar a una familia en situación económica delicada a traer al mundo a un ser con malformaciones graves que nunca podrá ser atendido en condiciones y que va a convertir su vida y la de su familia en un continuo penar?

Tampoco es admisible el argumento de que el derecho a la vida estaba en el programa electoral. También lo estaban la rebaja de impuestos y se han subido, la disminución del paro y ha crecido, el adelgazamiento de la Administración y ha aumentado el número de asesores, la eliminación de privilegios y se han mantenido, y así sucesivamente.

En todo caso, para una vez que se cumple el programa se hace mal.

¿Cui prodest? ¿A quién beneficia este proyecto de ley? A un sector social plenamente legítimo pero muy minoritario.

Como decía Lincoln, “Una cosa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”.