Las obras proyectadas en la calle Vitoria de Burgos, tan sólo sirven a la especulación y a la imposición por la fuerza de las decisiones tomadas al margen de la población.
Conviene entender desde el principio que el proyecto de remodelación de la calle Vitoria en Burgos no tiene nada que ver con mejorar la calidad de vida de quienes viven en Gamonal, y Burgos por extensión, ni con buscar soluciones a los problemas generados por el tráfico rodado mediante la puesta en marcha de políticas basadas en una movilidad urbana sostenible. El plan aprobado por el gobierno municipal del PP responde únicamente a intereses especulativos que, con este tipo de obras, incrementan los beneficios de algunas constructoras, conocidas desde siempre en la ciudad.
La adjudicación de las obras se ha presupuestado finalmente en más de 8 millones de euros para el bulevar y en otros 5 para la construcción de un parking subterráneo. Este dinero se gastaría, además de en movimientos de tierras, firmes y pavimentos; en marquesinas de diseño a 36.000 euros la unidad, bordillos de granito o una fuente ornamental por valor de 300.000 euros. Si lo contraponemos con, por ejemplo, el cierre de la guardería “Rio Vena” por no poder acometer una obra de 13.000 euros, claramente no nos cuadran las cuentas.
La reacción vecinal contra las obras del bulevar surge por una actuación concreta, pero va más allá. Puede entenderse como la gota que ha colmado el vaso. En un contexto de recortes sociales, desempleo, desahucios,… se entiende que no pueden aceptarse proyectos que claramente solo benefician a unos pocos mientras que se agranda la brecha de las desigualdades. Permitir una obra que, de nuevo, solo les beneficie a ellos, no entra en los planes de un barrio que ha sabido organizarse desde una base asamblearia y defender su postura en la calle.
También es importante tener en cuenta quiénes están detrás de este proyecto y hacer un poco de historia. El conflicto no se desató el viernes, tiene un largo recorrido y viene de atrás. Las causas de la situación actual son claramente conocidas, así como la responsabilidad de la clase política, grandes empresarios y banqueros. Este proyecto se suma a otros tantos que, sin ser necesarios, se imponen tan solo para seguir manteniendo negocio. Los antecedentes penales del dueño (Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado a siete años de prisión en el caso de la construcción) de una de las empresas que participan en el proyecto y su presencia en la sombra en la toma de todas las decisiones del ayuntamiento, son datos que merecen ser tenidos en cuenta.
Desde el punto de vista de la movilidad urbana sostenible este proyecto tampoco puede ser defendido, aunque se haya tratado de pintar de verde y de generar confusión en el debate. Cualquier intervención en este sentido debe hacerse, en primer lugar, con la participación de las personas afectadas, detectando necesidades y valorando alternativas. Algo que desde luego no se ha hecho nunca en Gamonal (ni en todo Burgos). Pero es que además se trata de una actuación limitada a una calle en concreto, sin que se haya analizado (por parte del equipo de Gobierno o de las empresas responsables del proyecto) la repercusión en el contexto global y su contribución a la mejora de la movilidad de la ciudad. No se puede pretender solucionar problemas de tráfico en una calle, derivándolo a otras; ni los problemas de aparcamiento, con la construcción de plazas de garaje con un precio de venta cercano a los 20.000 euros. Todo esto mientras las frecuencias del autobús urbano en muchas líneas de la ciudad siguen siendo insuficientes, no se acometen obras necesarias de acondicionamiento, iluminación y pintado de pasos de cebra o se abandona la promoción efectiva de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Sin olvidar que existen otras medidas mucho más económicas y eficaces que en ningún momento se han puesto sobre la mesa, ya que no son un buen negocio.
Por último, pero muy grave, es la forma en que se está tratando de imponer este proyecto a quienes cada día se están movilizando para pararlo. La cargas policiales, apaleamientos y detenciones se vienen repitiendo desde el viernes, como única forma de relacionarse con la vecindad por parte de las instituciones en un conflicto que pretenden solucionar con represión policial y brutalidad. A estas alturas el cese de la intervención policial, la puesta en libertad de todas las personas detenidas y la retirada de los cargos a las mismas es condición necesaria para la resolución del conflicto. Sin embargo, se está utilizando para justificar la reforma de la ley de seguridad ciudadana.
No hay justificación ninguna para iniciar este proyecto, ni para la actuación policial, si no es aquella que se basa en los mandatos del sistema capitalista: generar beneficios aunque sea imponiendo mediante la fuerza nuestros planes. Desde un punto de vista de justicia social y ambiental no se puede permitir.
