El anuncio de la aprobación de los presupuestos de la capital mediante un acuerdo de inversiones entre el PP e IU y la abstención de estos en el pleno nos invita a realizar una reflexión sobre algunos aspectos de la política asturiana y, asimismo, sobre el significado y valor de las leyes presupuestarias.
Conviene subrayar que, al igual que se encontraba Uviéu hasta hace dos días en la perspectiva de no tener presupuestos para el año 2014, se encuentran la propia Comunidad autónoma y otros cuantos ayuntamientos: de momento, Xixón, Avilés, Corvera, a los que seguirán más.
En principio, es siempre deseable que exista una Ley presupuestaria renovada, que no una prorrogada: permite partidas de inversión nuevas, las cuales en otro caso no serían posibles; modificar otras que se habrían quedado desfasadas y, en general, aprovechar todos los recursos disponibles. El problema de alcanzar mayorías para la aprobación de los presupuestos en los concejos ha quedado más o menos resuelto en los últimos años con la modificación de la ley: rechazado el proyecto, el alcalde presenta una moción de confianza. Si no la supera, la oposición tiene un mes para constituirse en alternativa. De no producirse, entra el presupuesto en vigor.
Ahora bien, apuntada la bondad genérica de disponer de presupuestos, cabe hacerse algunas preguntas que relativizan este aserto. En primer lugar, ¿cómo es posible que en épocas de estancamiento o recesión siga subiendo el monto total de ingresos y gastos o, al menos, no disminuya en la proporción adecuada? Porque ese incremento que no va en paralelo con el crecimiento de la riqueza se hace a costa de empobrecer a los contribuyentes (la clases medias bajas y las bajas, fundamentalmente) y de destruir empleo o dificultar su creación. Algunas de las medidas, por ejemplo, que el PP ovetense pactó con IU y PSOE en el capítulo de ingresos van en esa dirección de manera alarmante y disparatada. Algunas de las que IU proponía para aprobar los presupuestos de la Comunidad lo iban también. De modo que, en ocasiones, más valdría no tener presupuestos que tenerlos con determinadas líneas de actuación, ya en los ingresos, ya en el gasto (lo últimos años son la evidencia misma del despilfarro inversor de todas las administraciones).
Pero cabe también recapacitar acerca de la justicia o equidad del gasto presupuestario. En general, las partidas del llamado «gasto social», donde se suelen producir los mayores incrementos en los últimos años, gozan de universal beneplácito, especialmente en estos tiempos, con situaciones tan desesperadas. Pero, al margen de que habría que realizar una minuciosa indagación sobre su concreto destino individual, merece la pena una reflexión general sobre su valor político. Porque ¿cuál es la justicia de que un sueldo de 800 o 900 euros ganado en ocho o diez horas de trabajo financie unos ingresos iguales o superiores —por la vía de salarios sociales, asistencias, subvenciones, becas y otros— de quien lo gana en casa sin trabajar? Sé que esta pregunta presenta muchas aristas, no desconozco tampoco que la realidad es multifacética, pero esa cuestión, que tiene que ver con la justicia ética, con la equidad social y con la eficacia política, es una cuestión que todos nos negamos a plantearnos año tras año.
Don Javier Fernández ha señalado que la inexistencia de acuerdo en la Comunidad «constituye un fracaso de los políticos». Ni don Javier ni el PSOE son ninguna autoridad moral en esta cuestión, ya que cuando ellos están en la oposición hacen todo lo posible porque el gobierno de turno no disponga de presupuestos, y aun más, efectúan virulentas campañas de desprestigio contra quienes permiten que los haya. Pero, en todo caso, esa reflexión, a la vista de la situación de los ayuntamientos, debería extenderse a la mayoría de Asturies. ¿Es ello así? ¿Es un fracaso de los políticos? En parte, nada más.
Tengamos en cuenta que la adscripción y la devoción política tienen sus «leyes físicas», tan inexorables como las de la naturaleza, aunque puedan variar ligeramente de comunidad política a comunidad política. Y que esas leyes físicas —muy primarias y escasamente complejas, casi binarias— son las que conforman la decisión final de voto de las parroquias de cada una de las formaciones y de las dos partes del tablero (izquierda/derecha; nacionalista/no nacionalista). Dicho con una parábola, el can puede llegar a una bifurcación de caminos y correr alacre en una dirección moviendo alegremente su rabo mientras olfatea un rastro. Si su dueño escoge otra dirección, el can ha de desandar lo andado, con el rabo entre las piernas. En concreto, nunca se supo que un solo votante recompensase a una fuerza distinta a la suya por haber apoyado sus presupuestos. Lo que sí es seguro es que los votantes castigan a los suyos si piensan que los «han traicionado» por pactar con «el enemigo», «con el mal». No son, pues, tanto los partidos los que tienen en España grandes dificultades para pactar, son sus parroquias las que ven con hostilidad los acuerdos.
En la situación actual española, además, en cada una de las orillas los partidos aledaños a los grandes creen que van a crecer a costa de estos. Y ahí, sí, a la «física de los votantes» se superpone la «física de las empresas»: acordar con el próximo es perder opciones. Si a ello añaden la peculiar situación asturiana, donde los partidos dependen en todo o casi todo de las órdenes que les den en Madrid, y donde, por otra parte, la derecha está aojada por la sombra de Caín (he ahí algunas de las más notables señas de identidad de nuestra tierra), comprenderán la dificultad de acuerdos.
¿Y los pactos de los ovetenses? Pues, miren, dos cosas. La primera: los acuerdos se hacen de orilla a orilla, es decir, cada uno de los firmantes cree que muerde a su adlátere (Alejandro Suárez: «Se ha terminado lo de pactar solo con el PSOE»). Y dos, la nariz de Cleopatra, esa circunstancia «objetiva» tan determinante como indetectable: ese acuerdo nunca se hubiese producido de no mediar las relaciones personales y la química de caracteres existentes entre el señor Caunedo y los concejales de IU.
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