Es un espectáculo deprimente. Cada día los españoles nos desayunamos con

más y nuevos casos de corrupción que implican a todos los niveles y esferas de la sociedad civil, de las instituciones, de las administraciones públicas, de los partidos, sindicatos, organizaciones económicas culturales y deportivas e incluso entidades de carácter asistencial o religiosa.

La capilaridad de la corrupción parece infectar a la sociedad entera, en el ámbito público y privado. Tal parece que es consecuencia de un virus endémico y al margen de circunstancias del momento. Teníamos corrupción cuando en la década de los noventa nos convertirnos, o nos llamaban, “los nuevos ricos  de Europa” y nos devora la corrupción cuando hemos pasado a la condición de “ nuevos pobres de la UE”.

La última oleada de casos suscita la interrogante del porqué, tal vicioso comportamiento, alcanza cifras tan elevadas que han motivado que el país haya sido incorporado al pelotón de los más corruptos.

Existe una opinión generalizada que señala que las causas no hay que buscarlas en “una mala cultura” o en la falta de instrumentos legales de contención, sino más bien en la politización de las instituciones. El profesor Lafuente señalaba en un informe que se había comprobado que las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político.

En España el partido que controla un gobierno, central, local o autonómico, puede nombrar multitud de cargos y asesores y tejer una red de agencias y fundaciones a su antojo político con el objetivo de perpetuarse en el poder y ganar elecciones. Es un peligroso caldo de cultivo propicio para comportamientos ilícitos.

El arma más eficaz para combatir la corrupción pasa por la transparencia en las actuaciones, el acceso a la información pública y en la obligatoriedad de normas que encaucen “el buen gobierno”.

En esta línea hay que entender la reciente Ley de Transparencia (10-12-2013) aprobada en el Congreso, sin el consenso del PSOE, por una rabieta, tras largos y farragosos debates. La norma que consta de 40 artículos y disposiciones finales,  trata de mejorar sustancialmente la participación ciudadana y la calidad democrática como herramientas contra la corrupción.

La Ley regula el derecho de acceso a la información pública, creando un marco jurídico acorde a los tiempos y el llamado Portal de Transparencia. Es destacable que por primera vez se da rango de ley a los principios éticos de actuación para los miembros del Gobierno, Administración del Estado,Comunidades Autónomas, Entidades Locales y la exigencia de eficacia, austeridad, imparcialidad y sobre todo responsabilidad en sus actuaciones. La aplicación se extiende al Congreso, Senado, Casa del Rey, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Banco de España, partidos y asociaciones , empresas con contratos públicos y una larga casuística.

En el ámbito económico se imponen sanciones a quienes comprometan gastos y ordenen pagos sin los créditos suficientes en los correspondientes presupuestos.

Con la Ley de Transparencia en aplicación,  convendría que desde las esferas de los partidos se hiciese la correspondiente pedagogía, para que los ciudadanos puedan ejercitar de forma efectiva su derecho a saber y puedan conocer la actividad y conducta de las instituciones públicas .