Las continuas salidas de tono del Ministro Montoro tendrían alcance penal si no fuera porque los medios y la opinión pública tienden a caricaturizarlas restando gravedad a sus continuas amenazas que rozan la prevaricación, la calumnia, la infracción del sigilo profesional y atentan contra derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y su corolario, el derecho a la intimidad, que traen causa, a su vez, en la dignidad de la persona humana pieza clave y originaria de los derechos iusfundamentales.

Cualquiera que ose criticarlo, se convierte inexorablemente en sujeto de su ira y en presunto defraudador.

Así lo ha hecho con artistas, actores, políticos, deportistas y, muy recientemente, con los medios de comunicación.

Presume de conocer la situación fiscal de todo el mundo y no duda en extender veladas amenazas de represalia en forma de investigación fiscal.

Quien así entiende el ejercicio de la política debería ser apartado de inmediato de tan potencialmente noble oficio.

Aquéllos que en el ejercicio de la función pública utilizan la intimidación, apelan a la represalia, al uso de la información reservada, no son dignos de ostentar cargos que impliquen ejercicio de poder.

 Necesitamos ver a nuestros gobernantes como personas cercanas que inspiran confianza, respeto y que reúnen la suficiente solvencia moral y calidad humana como para entender que los ciudadanos no somos súbditos -en el sentido más peyorativo del término- sino integrantes de una sociedad estructurada en torno a un Estado de Derecho en el que impera el principio de legalidad.

El Ministro Montoro está consiguiendo amedrentar a todos los ciudadanos y cuando todos temen a uno, el resultado es una dictadura.

Ya decía Vargas Llosa que “La política saca a la luz lo peor del ser humano”.