Con más pena que gloria, como un simple acto protocolario, sin emoción ni reconocimiento,el Congreso, el Gobierno y unos pocos más, han celebrado el 35 aniversario de aquel 6 de Diciembre de 1978 cuando nació la Constitución Española, que si aun no es la más longeva por que la canovista de 1876 duró 48 años , marcó la diferencia con las anteriores al ser obra del consenso, es decir no impuesta por un solo grupo político sino elaborada por representantes de diferentes tendencias. No era la Constitución de UCD, ni del PSOE, allí estaban, también, conservadores, comunistas y nacionalistas como Miquel Roca , tildado ahora de “gran calamar”, que en la ponencia constitucional redactaron un texto aprobado por la mayoría de los parlamentarios y ratificado (67,1%) después por los ciudadanos en referendum. En este sentido la Constitución tiene una plena legitimidad de origen y no es consecuencia de una “democracia vigilada”,como algunos arguyen para justificar reformas.
La Constitución buscaba plasmar los objetivos de la Transición, uno de los cuales era la integración en la vida política española de los llamados nacionalismos periféricos por medio de un Estado descentralizado. El acuerdo para definir esa descentralización se plasmó en el Título VIII. El reparto de competencias se ha traducido en un intento de vaciamiento del Estado y la manifiesta ruptura de la debida lealtad constitucional
Es triste decirlo pero apenas queda rastro del espíritu y la continuidad del pacto constituyente. Los nacionalistas solamente de forma coyuntural se vinculan a la Constitución, puesto que su acción política está dirigida a la independencia de los territorios que consideran suyos. Ahora mismo están en plena euforia identitaria, poniendo en evidencia el fracaso de la política entreguista de pactos bilaterales ,que con mayor o menor intensidad, han venido concediendo gobiernos del PP y del PSOE.
Para los nacionalistas son irrelevantes las propuestas de reforma de la Constitución cuando aspiran a crear su propio estado y carecen de sentido ofrecerles diferenciaciones y protagonismos. Antes bien ha llegado la hora de exigir plena lealtad y cumplimiento de la ley a sus líderes.
Sería deseable que pasado el aniversario se atempere el ruido constitucional y hasta es posible que se recuperen dósis de sentido común y sinceridad reconociendo que el mayor defecto de la Constitución, no está en su regulación normativa sino en el alto grado de incumplimiento de ella por los mismos llamados a defenderla y tanta pasividad en corregir incumplimientos.
No puede haber pedagogía constitucional si los ciudadanos escuchan con demasiada frecuencia que la normativa de la Carta Magna se obvia diciendo:”se acata pero no se cumple”. Ahí están recientes ejemplos con motivo de la “Ley Wert”, la unidad de mercado, la ley de banderas, cooficialidad del castellano, y tantas otras aprobadas por el Congreso , así como sentencias que son manifiestamente ignoradas sin que se requieran responsabilidades, incluso utilizando el artículo 155, previsto para corregir desafueros con mayor agilidad que el Tribunal Constitucional, el cual ha tardado 10 años en inhabilitar al expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por su desafío a la ley.
Hay motivos para analizar que aspectos de la Constitución deben ser modificados, pero partiendo de que el valor político de ella radica en que fue aprobada por consenso y que no valen imposiciones oportunistas. Como ha reiterado Alfonso Guerra, para reformar hay que tener ”textos y votos” con un consenso suficiente. Lo demás es puro voluntarismo. La ciudadanía bien se conformaría con un cumplimiento efectivo de lo que aprobó hace 35 años.
