Yo no tengo pensado romper papeleras, no tengo pensado hacer la calle -sobre todo con este tiempo-, no tengo pensado manifestarme en un aeropuerto -tengo pánico a los aviones-, ni tampoco intentar parar una central nuclear, pues soy nefasto con los interruptores. Dicho lo dicho, lo que transcendió hasta ahora de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que promueve el Ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, se me antoja como un nuevo paso -otro más del Gobierno del PP- hacia el recorte de derechos y libertades de los españoles.

Si proteger la convivencia democrática consiste básicamente en prohibir e imponer multas desproporcionadas o incluso penas de cárcel, ¿cuál es la salida que le queda al ciudadano para protegerse de políticas corruptas, robos oficiales o hasta desmanes policiales?.

¿Habrá que esperar y confiar que, llegado el momento, sean objetivos un Consejo del Poder Judicial o unos Fiscales nombrados a dedo por oscuros intereses partidístas?