El Gobierno dentro de su Plan de Racionalización Normativa que acompaña el Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado , ha comunicado ,en el Congreso de los Diputados, que hay 2.700 normas de todas las Administraciones que vulneran en algún punto la unidad de mercado, obstaculizando el libre acceso y ejercicio de la actividad económica. El 30 por ciento de esas normas (810) son de origen estatal y el 70 por ciento (1890) tienen rango autonómico.
Las referidas normas afectan a todos los sectores. La mayoría inciden sobre alimentación , medioambiente ,vivienda y turismo y el Gobierno se propone una posible modificación o derogación, en el caso de leyes estatales,en el primer semestre de 2014, o su revisión, en conferencias sectoriales si se trata de normativa autonómica.
Se podrían poner demasiados ejemplos evidenciando que el territorio nacional está compartimentado en absurdos micromercados que son demostrativos de ineficacia, de pérdida de productividad, freno a la inversión y en consecuencia a la generación de empleo. Como ilustrativo vale el recordado por Castaño:”si un pescador es aficionado a especies como el salmón, la trucha, el lucio, la carpa o la perca, está condenado a pagar media docena de licencias, una por cada comunidad autónoma en la que más abunden estas variedades”. El desbarajuste , la diarrea legislativa , ha llegado a tales extremos que ha tenido que ser la UE la que llamase la atención, primero a Rodriguez Zapatero y recientemente a Rajoy, urgiendo a poner remedio a la ruptura de la unidad de mercado derivada del amplio abanico de competencias autonómicas sobre la regulación de la actividad del sector privado.
Lo que parece evidente para Bruselas y a la misma opinión pública, no lo es para toda el abanico parlamentario de la oposición. Solamente los votos del PP han salvado el texto del proyecto de ley que podría corregir el disparate actual. La acusación tanto del PSOE como de los partidos nacionalistas, es que el Gobierno busca, con la normativa, la recentralización del país y dar pasos para “liquidar las comunidades autónomas”,olvidando que la unidad de mercado es un instrumento para el necesario cambio de modelo económico y que acabar con el exceso regulatorio puede aportar un aumento en la renta nacional de 1.500 millones de euros anuales y tener un marco jurídico clarificado ,sin tantas contradicciones y farragosidad.
Como es habitual ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional, especialmente el PNV, CIU y el mismo PSOE que ha perdido la brújula respecto al modelo territorial. Se amparan en que no existe una definición clara y rotunda, ya que el Tribunal Constitucional, hasta ahora, ha venido manteniendo un equilibrio inestable entre dos principios en conflicto: el de unidad de mercado y el de autonomía política de los territorios. Quizás ahora y teniendo en cuenta la presión ciudadana y empresarial, sea más preciso para controlar la perversión legislativa consecuencia de la especie de 17 miniestados dispuestos a mimetizar todas las cuestiones que afectan a la vida del ciudadano. También los ayuntamientos deberán reflexionar sobre tanta ordenanza intervencionista.
La nueva ley de “limpieza burocrática y legislativa”, para la unidad del mercado, va a facultar a la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, poder denunciar ante la Audiencia Nacional para que, en días, suspenda cualquier norma autonómica o local que impida la libertad de movimiento de las empresas. Los nacionalistas y soberanistas ya anuncian rebeldías.
