La cultura asturiana es muy rica en matices. En el ámbito del derecho consuetudinario asturiano, la denominada “lista de faltosos” hace referencia a aquellos que, convocados a “sestaferia”, ni acuden ni esgrimen causa alguna para justificar su ausencia.

En el marco de la lengua asturiana, se denomina “faltosu” a aquel que “tien poca capacidá (pa pescudar, pa entender les coses), al “que falta, que trata ensin respetu a los demás”. También al “que carez de retrasu mental”.

En cualquiera de estos escenarios, son pocos los que restan por integrar la “lista de faltosos” llamados a vilipendiar a los funcionarios y muchos los que tratan sin respeto a este colectivo al que solo resta lapidar en la vía pública.

Hay una nota común a todos estos faltosos: la ignorancia.

El último en sumarse a la lista fue el otrora Secretario de Estado de Comunicación y Portavoz del Gobierno de Aznar, que dejó patente por qué fue nombrado para el cargo.

Su intervención en un programa de debate solicitando el despido masivo de funcionarios y la rebaja de sus retribuciones nos trajo a la mente aquel chiste en el que un padre le pide a su amigo, a la sazón Presidente del Gobierno, que coloque a su hijo, aunque sea de ordenanza, a lo que el Presidente replica: “No, eso es imposible, te lo nombro Secretario de Estado... de Comunicación”.

El desconocimiento exhibido por el personaje en cuestión (atribuía la condición de funcionarios a los Directores Generales, que son cargos políticos por definición), incapaz de dar un mínimo argumento que sirviera de sostén a sus alocadas manifestaciones, sus afirmaciones gratuitas sobre el nivel de entrega de los funcionarios, sus graznidos, sus ojos encendidos de ira, su actitud chulesca, viene a justificar aquella frase del siglo XVIII de que “el político es el animal mejor preparado para mentir y hablar de cuanto ignora”.

¿Será tan difícil de entender –salvo que la envidia ciegue el discernimiento- que el término funcionario es utilizado alegremente, sin propiedad, para encubrir bajo su manto una serie de situaciones administrativas que nada tienen que ver con su significado jurídico? Solo son funcionarios aquellos que, tras acreditar mérito y capacidad y superar una prueba selectiva pública y, por tanto, de concurrencia competitiva, son nombrados en propiedad para desempeñar una plaza de plantilla. Junto a ellos conviven los denominados eventuales, que son designados libremente por los dirigentes políticos, sin necesidad de que concurra mérito alguno, y cesan con la autoridad que los nombró. Estos últimos cobran del presupuesto público, aunque ni surgen por necesidades de la Administración ni trabajan para ella (¿será a estos a los que pretendía referirse el desbocado tertuliano?).

Esta mixtura, fácil de percibir desde el exterior, salvo que se actúe de mala fe, está en el origen de la mayor parte de las críticas que se dirigen contra los funcionarios.

El funcionario es un profesional al servicio de los ciudadanos, con un altísimo nivel de preparación, de sentido de la responsabilidad, de entrega en el cumplimiento de sus deberes profesionales, aun a pesar de ser el chivo expiatorio de la crisis, de la que en ningún caso es culpable, sino víctima.

Como venimos repitiendo machaconamente, la inamovilidad de los funcionarios, tan criticada, lejos de ser un privilegio, es una garantía del estado de derecho.

Al funcionario no se le puede arrojar a los pies de los caballos con arengas propias de charlatanes de feria. Crítica, sí, para eso existe la libertad de expresión, pero con argumentos.

El ex Secretario de Estado de Comunicación y Portavoz del Gobierno de Aznar es el ejemplo claro del fundamento del adagio de Hanlon “Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez”.

También hace buena la definición que de la política nos dio Manuel Palacios:

“Arte ramplón que se aprende mal y pronto

y en la española nación

es constante ocupación

de algún sabio y mucho tonto”.