El populismo nacionalista catalán se apuntó un indudable éxito de propaganda, e incluso de instrumento de presión, con su cadena humana “la vía catalana”, que tanto se jalea en los medios. Desde la calificación de órdago a las instituciones o de simple muestra de una particular liturgia y escenografía de la que son maestros muchos políticos de Cataluña, hay toda clase de comentarios y valoraciones sobre las intenciones y consecuencias de la pasada Díada. Abundan las opiniones de que se ha llegado al límite en el desafío de Artur Mas y que definitivamente el Gobierno de España tiene que afrontar los hechos con todas sus consecuencias, porque seguir con la actitud contemplativa podría estar ya rozando la calificación de prevaricación, es decir, el incumplimiento de las obligaciones frente a actos delictivos.
La Generalitat viene traspasando la legalidad desde hace tiempo y en forma sistemática con incumplimientos tanto de sentencias del Tribunal Constitucional como de otras normas sobre la libertad de comercio y previsiones presupuestarias. Por no mencionar otras de carácter institucional, como el desprecio a los símbolos constitucio-nales. Y por si no fuera suficiente, ha puesto al servicio de su plan independentista, todos los instrumentos de su condición de gober-nante
Por ley, el máximo representante del Estado en Cataluña es el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien ha movilizado a los mossos de escuadra, a los ayuntamientos con mayoría de CIU y ERP, al transporte público, a la TV3 y otros organismos para reclamar un referéndum inconstitucional.
Es la culminación de un proceso de sedición que viene desarrollándose desde hace años, sin que los diferentes gobiernos del Estado, tanto en el PP como en el PSOE, hayan dado otra cumplida respuesta que no fuese plegarse a sus continuas reivindicaciones en todos los aspectos, políticos y económicos.
Las concesiones no han calmado las exigencias nacionalistas y la última contempla la ruptura del Estado a corto plazo y con todas las consecuencias. No es tiempo de lamentaciones sobre lo que se pudo hacer y no se hizo, ni tampoco de ponerse a estudiar fórmulas de reingeniería constitucional, ni de repasar los errores de la Transición o de las ambigüedades del Título VIII. Tampoco de responder señalando el falseamiento de la Historia que hacen los nacionalistas o de recurrir a un programa urgente de pedagogía a nivel nacional, a través de TVE y medios pagados, para hacer ver a los catalanes las consecuencias negativas de una ruptura con los demás españoles y de las mentiras que les han vendido, especialmente en ese bulo de “España nos roba”.
La situación es ya tan tensa que el Gobierno tendrá que mojarse y aplicar la legislación que corresponda para defender el orden constitucional. Debe hacerlo de frente y explicarlo ante la opinión pública y no sólo ante el Congreso.
Mariano Rajoy se la juega si no embrida la locura desatada en Cataluña y corrije el desamparo a los otros catalanes que mantienen su fidelidad a su tierra, pero también a España.
Se habla de los desmanes ocurridos en la Díada pero muy poco de cómo se está silenciando a los catalanes que no participan de los fervores nacionalistas. También habría que hablar de la cobardía de muchos intelectuales y artistas subvencionados que se envuelven en la “estelada”, olvidando la democracia plural para refugiarse en el populismo nacionalista. Una forma de corrupción que acaba de denunciar el premio Nóbel Vargas Llosa.
