Felicito de la manera más sincera a la Fundación de los Trabajadores de la Siderurgia Integral por celebrar en Avilés, una ciudad con probada tradición siderúrgica, esta interesantísima jornada sobre la Responsabilidad Social y el futuro del Estado de bienestar, y hacerlo de la mano de ponentes del máximo relieve político, sindical y empresarial.

En las actuales circunstancias sociales y económicas que estamos viviendo en el continente europeo y, particularmente, en nuestro país, es necesario reflexionar y debatir sobre la encrucijada en la que se encuentra el modelo europeo del Estado de bienestar y cómo debemos actuar desde los ámbitos de las iniciativas políticas, empresariales y sindicales para encontrar soluciones duraderas que garanticen los logros de desarrollo, cohesión y bienestar alcanzados en los últimos decenios en nuestras sociedades.

Para quienes fuimos testigos directos del desarrollismo económico, de una actividad empresarial y económica levantada al margen de la consideración de que los recursos son limitados; ajena a los derechos; al margen de la salud laboral y la vida social y personal de los trabajadores…, la conquista de las libertades tenía que ser necesariamente la de una nueva cultura empresarial, de diálogo con las organizaciones sindicales; de compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo social y cultural de las personas tanto como con  la preservación de los valores naturales del entorno.

Desde distintos ámbitos de responsabilidad política he tenido la oportunidad de implicarme en la reivindicación y el incentivo de esa cultura empresarial socialmente responsable.

La actividad empresarial responsable produce efectos más allá de su ámbito sociolaboral. Toda la sociedad se beneficia de los efectos inducidos por empresas comprometidas con los derechos humanos, con la sostenibilidad medioambiental, con la calidad de las relaciones laborales y el entorno sociolaboral, con la incorporación de la discapacidad en su plantilla, con la conciliación de la vida laboral y familiar, o con la formación permanente de su capital humano.

Las administraciones públicas, las organizaciones sindicales, empresariales y de consumidores debemos incentivar y promover la incorporación de la responsabilidad social en las estrategias empresariales y comerciales, identificando las buenas prácticas como valor de competitividad en el mercado.

Este es un camino de progreso que en Asturias hemos recorrido estos últimos doce años el Gobierno del Principado, los sindicatos mayoritarios y los empresarios a través de los sucesivos acuerdos de concertación social.

Las empresas asturianas han avanzado no sólo en la calidad de sus productos y servicios, también en sus compromisos medioambientales y sociales.

En estos doce años, muchas pequeñas y medianas empresas asturianas han convertido la protección medioambiental, la eficiencia energética, la mejora de las condiciones del puesto de trabajo, la innovación tecnológica, el apoyo a iniciativas culturales, deportivas, sociales y de cooperación internacional en factor de competitividad.

Estamos en un contexto económico complicado, con muchas incertidumbres. El entorno laboral está amenazado por una devaluación en la calidad de sus condiciones. La crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto serios problemas de futuro para el modelo social y económico de Europa, para el futuro del Estado de bienestar. Las dificultades a nivel europeo derivadas de la dependencia energética, del desequilibrio demográfico, de las dificultades para integrar la inmigración e incorporar al mercado laboral a la población joven, así como la preponderancia de las tesis neoliberales, están debilitando los mecanismos del Estado de bienestar.

Con el pretexto del “aumento de la competitividad”, los gobiernos conservadores quieren imponer un “Pacto” a todos los Estados miembros, que es más una imposición de una agenda ultra-neoliberal y centrada solamente en la austeridad, que haría imposible para ellos superar la crisis.

La misma lógica se aplica al “Informe Anual de Crecimiento” de la Comisión Europea que exige a los Estados miembros reforzar las medidas de austeridad, intervenir en la negociación colectiva con el objetivo de reducir los salarios, para debilitar el empleo y la protección social, las normas sociales y los servicios públicos, en directa contradicción con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y sus directrices integradas.

El objetivo del ejercicio conjunto de la derecha –la adopción del Pacto y las acciones propuestas en el Estudio de crecimiento, seguido en los programas de reforma nacionales- es para que sea casi imposible de aplicar políticas progresistas en cualquier Estado miembro o región, para desmantelar nuestros estados de bienestar, interferir con el diálogo social y la soberanía de los Estados miembros, y para aumentar la influencia de los mercados financieros en la sociedad.

Necesitamos, por tanto, del compromiso social de las administraciones públicas y las empresas para reactivar el modelo económico y social europeo que tantos beneficios sociales ha producido.

La crisis financiera ha demostrado que la actividad económica debe centrarse más en la innovación y el valor de la sostenibilidad que en los resultados a corto plazo. El reto de la Estrategia 2020 de la Comisión Europea de un crecimiento sostenible, integrador e inteligente necesita del compromiso de las empresas con la reducción de emisiones contaminantes; la eficiencia energética; la calidad de las aguas y la biodiversidad, al igual que con la mejora de la formación y la capacitación del capital humano; con puestos de trabajo de mayor cualificación; con la formación permanente de los trabajadores, una mayor participación de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad en el mercado laboral, así como con el fortalecimiento de la cohesión social.

Juntos podemos lograr un gasto público más eficaz sin recortes inmediatos y profundos. Con una inversión estratégica podemos recuperarnos de la crisis, recuperar los empleos y poner en marcha un nuevo modelo, el crecimiento equitativo. Los nuevos instrumentos fiscales, tales como un impuesto a las transacciones financieras y el impuesto sobre el carbono, podrían ayudar a generar recursos adicionales para la inversión e introducir una medida de equidad en nuestros  impuestos. Un impuesto sobre las transacciones financieras es un instrumento viable que puede generar 200 mil millones de euros de nuevos ingresos al año. Es un impuesto justo que no afecta a ciudadanos de a pie sino solo a los mercados financieros y, en particular, a los especuladores financieros. Se aseguraría que aquellos que son responsables de la crisis financiera contribuyan a los costes de recuperación de la economía. En toda la Unión, los fondos de la UE deben desplegarse, en particular haciendo uso de los fondos de cohesión para el crecimiento de las inversiones y la mejora del empleo.

Las empresas deben caminar de la mano de las administraciones más cercanas, los sindicatos y  los colectivos ciudadanos para liderar estrategias conjuntas de progreso y bienestar. Así lo hemos hecho en Asturias los últimos doce años.

He tenido la satisfacción de haber trabajado estos años, con esfuerzos notables, con empresarios y sindicatos para llevar adelante una estrategia de modernización de Asturias, de desarrollo de los servicios públicos de calidad cercanos a todos los asturianos, y para facilitar el desarrollo de iniciativas de emprendedores locales en todo el territorio, que han sacado adelante iniciativas responsables y sostenibles.

El diálogo social ha demostrado ser el mejor instrumento para crear un capital socialmente responsable, que implica a toda la sociedad tanto en la innovación científica y tecnológica como en la no menos importante innovación social.

El diálogo social ha aportado también competitividad a nuestra economía y debe seguir siendo parte fundamental del patrimonio cultural empresarial y sindical de Asturias.

*Presidente del Principado de Asturias