La nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su discurso de investidura declaró:”Me avergüenza la corrupción. Rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la Presidencia “.
Hay que suponer que tales manifestaciones responden a algo más serios propósitos que los de pasar página en el caso de los ERE. En las próximas fechas, habrá ocasión de comprobar hasta donde llega su voluntad de acabar con tanto desmán.
Por los medios anda un informe, síntesis (Republica/Pilar Graset) de los principales casos de corrupción abiertos en España y la conclusión es que se extienden por toda la geografía nacional: ERE, Barcena, Gürtel, Noos, Emperador, Malaya y Pokemon, son los casos más escandalosos ,pero merecen recordar los: Umbra, Astapa, Minutas,Andrax, Voltor, Fabra, Unión Mallorquina, Brujal, Palau, Itv, Pretoria, Mercurio, Clotilde y otros. Todos son ejemplos de que la corrupción corroe la sociedad e incluso instituciones y tienen en común: la reiteración de los cargos públicos, políticos de ámbito autonómico y local y que ningún partido se libra de tener imputados.
El escándalo de la corrupción y el abuso de poder, así como la inoperancia de los instrumentos que debieran ser elementos de control, hiere especialmente a la opinión pública que está dando muestras de hartazgo y rechazo generalizado a políticos y partidos. Al menos tal trasciende de tertulias, columnistas y editoriales de medios con ideologías diferentes.
Según Transparency Internacional, por corrupción se entiende: “el abuso, con fines de lucro personal, del poder delegado”.En la opinión pública, los ciudadanos consideran corrupción no solamente el soborno, sino también aquellos actos en los que se incumplen compromisos éticos que la ciudadanía considera irrenunciables .Por ejemplo la voluntad de no aprovecharse del cargo para sí, o para el partido.
Conceptos difusos, pero que se ven demasiado a menudo pisoteados por la actuación de los servidores públicos. De ahí que se considere a los partidos políticos como organizaciones proclives a la corrupción, pues en sus actuaciones, en ocasiones, parece primar la lucha por el poder sobre la finalidad del servicio público, con todas las consecuencias de la financiación ilegal, utilización partidista de la Administración, etcétera.
Hay un clamor generalizado para que los partidos formalicen un pacto de Estado contra la corrupción y de esta forma el trabajo político, legislativo y judicial sería más efectivo. Conviene recordar que los partidos políticos, aun teniendo en sus filas una proporción muy pequeña de la población, son las instituciones que controlan los tres pilares de un Estado de derecho: el poder ejecutivo, el legislativo y tratan de controlar el poder judicial.
En todo caso la solución fundamental para la lucha contra la corrupción radica en la propia educación de los ciudadanos, de tal forma que la vean como algo absolutamente ilegítimo , insolidario, penalizable y de claro rechazo a cualquier tipo de corrupción, política incluida.
