Se daba noticia el pasado 11/08/2013 de una enfermedad que cursa permanentemente de forma silenciosa con daño para los bolsillo de los ciudadanos, y que, en momentos concretos, se manifiesta con notable virulencia en los mismos. Hablamos de la exigencia o revisión compulsiva con que el Gobierno asturiano y los ayuntamientos actúan sobre las liquidaciones fiscales de los últimos años por ventas de inmuebles o por herencia de los mismos. ¿Se trata de que los ciudadanos defraudan a las respectivas Haciendas? ¡No! Se trata de que Gobierno y ayuntamientos tienen la firme decisión de estafar a los ciudadanos y persiguen al que se resiste a ello.
Con claridad: el Estado decide a través del boletín oficial cuál es el valor del inmueble que usted posee o compra. Esa atribución de valor es independiente de cuál sea el dinero en el que efectivamente comprador y vendedor deciden efectuar el intercambio. En períodos normales, ese lecho de Procusto no supone un problema excesivo para la mayoría de las transacciones, en cuanto que está más o menos ajustado a la valoración que sobre el bien alcanzan quienes efectúan la operación. (Adviértase, con todo, que ese valor pretendidamente «objetivo», de boletín oficial, actúa bajo dos premisas: la de que el ciudadano va a engañar siempre a la Administración y la de que la Administración —en caso de discrepancia— no tiene que demostrar la culpabilidad de nadie, sino que el ciudadano es siempre, en ese caso, culpable).
Pero cuando llegan momentos como este, en que el mercado va a la baja —y no estamos en un momento único, yo recuerdo haber intervenido sobre el tema en los años noventa del pasado siglo—, el número de ciudadanos víctimas del Estado se acrecienta exponencialmente. Porque la Administración sigue manteniendo como patrón del precio de un inmueble aquel valor «ideal» en que ella lo tasó en los tiempos de bonanza (su valor catastral más ciertos coeficientes multiplicadores), y si usted vende o compra por debajo de ese precio o hereda una casa que ya no tiene hoy aquel valor de mercado, da igual: usted tiene que pagar los impuestos correspondientes a la cantidad que ha ingresado o desembolsado por el bien y, además, un plus por la diferencia que la Administración dice que usted debería haber desembolsado o recibido hasta el precio que ella dice que valía la vivienda.
De modo que ya lo ven: no existe el mercado, no existe la realidad económica, tampoco las voluntades o necesidades de los individuos; la única realidad «real» es la voluntad de los políticos expresada en el boletín oficial. De modo que si ustedes desean vender un piso, pero no tienen necesidad imperiosa de ello, pueden pensar cómo perder más: si siguiendo pagando el IBI, la luz, el agua, la tasa de basura y otros hasta que su precio se ponga al que le mandan tener, o si prefieren calcular las pérdidas y la sanción subsiguiente por no ser lo suficientemente listos como para realizar la transacción al precio marcado por la siempre sabia administración. Y si no tienen más remedio que venderlo o comprarlo por necesidad o entrar en posesión de él por herencia, dispóngase a desembolsar el correspondiente incremento boletinesco.
Es posible —aunque no probable— que usted, de estar en el caso, lleve ese atraco con paciencia y resignación. A fin de cuentas, se dirá, los impuestos son algo necesario para pagar las pensiones, la educación, el paro, la sanidad y otros servicios. Pero quizás comience a aumentar su adrenalina si cae en la cuenta de que mucho del dinero que ordinariamente paga vía impuestos, y, asimismo, el de esta exacción, va destinado a realizar obras sin ningún sentido (museos que nunca se abren, calles que se levantan dos o tres veces, los voladores y las charangas de la fiesta del pueblo, aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, senderos por los que circula una media de dos personas o bicicletas al día, arreglos de estadios de fútbol, viajes de placer —perdón, de negocios— a Cuba, excursiones de hermanamiento por el mundo…) o, por mejor decir, a pagar despilfarros que no tuvieron más sentido que estimular a los ciudadanos para que votasen y mantuviesen sus prebendas a unos políticos cuyo mérito consistía en tirar el dinero de usted, y que ahora se lo vuelven a sacar del bolsillo mediante un acto de total injusticia, que es, al mismo tiempo, una vejación. Y quizás, un poco más allá, le aumente el cortisol en sangre hasta poner en peligro los riñones, cuando piense que, si la mitad de los 133.000 millones de euros del presupuesto estatal del 2014 se van a dedicar al paro y al pago de la deuda, esa deuda se ha ido en parte acumulando a base de desperdiciar el fruto de su esfuerzo en obras que no tenían otra utilidad que la de engatusar a los votantes para seguir manteniendo en su puesto a quienes le vacían los bolsillos, esto es, de quienes extraen , hoy otra vez, las plusvalías de su esfuerzo y su trabajo.
¡Ya lo ven, es lo que algunos llaman— por ejemplo, quienes gobiernan aquí la mayoría de los ayuntamientos y el Gobierno— «la economía neoliberal» y «el capitalismo salvaje»! ¿Será por chanza? ¿O será por seguir engañándonos?
P.S. Por cierto, no tardarán los bancos en cobrarles a todos ustedes los treinta millones de euros que este Gobierno tripartito ha estatuido que deben pagarle, ustedes, claro, no los bancos. Ya saben, les dirán que para servicios, inversiones y obras sociales. Puede que una parte, pero otra, no lo ignora, será para seguir captando incautos a fin de seguir excavando en su cartera (de usted, no la de ellos) hasta dejarla exhausta.
